El 18 de diciembre la Cámara del Crimen de Villa Dolores decidió ratificar la elevación a juicio contra seis defensorxs ambientales imputadxs por interpelar al exintendente de Cosquín, Gabriel Musso, por su rol en las autorizaciones de la controvertida Autovía de Punilla. La medida generó indignación y preocupación entre las organizaciones socioambientales que consideran este proceso un intento de criminalizar la protesta y disciplinar la resistencia social.
“Nos sorprende este fallo porque reafirma el rol de la justicia como herramienta de un sistema que prioriza el saqueo y las ganancias por encima de la vida y el bienestar de la comunidad”, expresó Marcela Martín, una de las defensoras imputadas en diálogo con VillaNos Radio.
Según explicó, el proceso judicial se da en un contexto de creciente represión hacia los movimientos ambientales y sociales que se oponen a proyectos considerados perjudiciales para los territorios. Martín señaló que la obra pública, en muchos casos sobredimensionada y poco transparente, “es parte de un modelo que no logra convencer a la población de sus supuestos beneficios y, por ello, recurre al garrote y a la criminalización”.
Un caso emblemático de resistencia
El hecho que originó las imputaciones ocurrió durante un plenario provincial de organizaciones en la Plaza San Martín de Cosquín. Según relató Martín, mientras se discutían estrategias para frenar el avance de la autovía, alguien informó que el intendente Musso estaba en una confitería cercana.
“Nos movilizamos con nuestras banderas y carteles para expresar nuestra bronca y dolor. Entramos al lugar para mirarlo a los ojos y decirle que había traicionado al pueblo que lo eligió”, recordó la ambientalista.
Martín aseguró que la intervención fue pacífica, sin daño a personas o bienes. “Salimos por nuestra propia cuenta y seguimos manifestándonos afuera. Sin embargo, en menos de 48 horas, la justicia actuó con inusual rapidez: nos notificaron a la 1 de la mañana como si fuéramos prófugos”.
Para Martín, este proceso judicial es una estrategia política para desmovilizar la resistencia social. “La justicia actúa rápidamente contra los sectores populares, pero es lenta o ineficaz para resolver las denuncias ambientales y legales contra estas obras”, señaló.
Asimismo, destacó que las audiencias públicas realizadas en torno a la Autovía de Punilla no han sido vinculantes, lo que ha generado frustración y desconfianza en las comunidades afectadas.
“El juicio no tiene fecha todavía, pero vamos a analizar las alternativas legales y movilizarnos en defensa de nuestro derecho a la protesta. Este caso es emblemático porque muestra cómo se busca disciplinar no solo a los imputados, sino también a todas las personas que resisten al modelo de saqueo de nuestros bienes comunes”, afirmó.
La Autovía de Punilla ha sido objeto de controversias desde su planificación, con acusaciones de irregularidades en las autorizaciones y graves impactos ambientales. El proyecto ha enfrentado un rechazo masivo en audiencias públicas y movilizaciones sociales, lo que evidencia, según Martín, “la falta de consenso y legitimidad del gobierno para avanzar en estas iniciativas”.
“Esta obra no sólo destruye el monte y pone en riesgo las napas de agua, sino que también representa una lógica de gobernar para unos pocos. Es una agresión intencional contra la vida en todas sus formas”, concluyó.
El caso seguirá generando debate en los próximos meses, con las comunidades organizadas preparándose para nuevas movilizaciones y estrategias legales, mientras el inicio del juicio se espera después de la feria judicial.
