La inclusión de un artículo en la ordenanza Tarifaria 2025 que establece el cobro por servicios de salud pública a no residentes en Villa Carlos Paz generó fuertes críticas y un amplio debate en medios nacionales.
El concejal Carlos Quaranta, del espacio opositor Carlos Paz Inteligente, cuestionó duramente la medida y el proceso a través del cual fue implementada. En declaraciones a VillaNos Radio, señaló que la inclusión del artículo se realizó de manera intempestiva, sin presentarse en el texto original ni discutirse en audiencia pública.
“La salud es un derecho humano inalienable que debe ser gratuito, ya sea en Villa Carlos Paz o en cualquier otra parte del país. Intentar cambiar ese paradigma es muy preocupante”, expresó el edil.
Además, destacó la falta de claridad en la implementación: “La ordenanza establece que todas las personas que no sean residentes deberán pagar, pero no discrimina si tienen obra social o no. Tampoco se especifica qué sucede en casos de emergencia”.
El concejal también cuestionó los fundamentos económicos detrás de la decisión. “No sabemos cuál es el impacto real de brindar salud a extranjeros ni si este gasto afecta significativamente al municipio. Antes de implementar algo así, debería haberse agotado la instancia de negociación con las comunas vecinas”, señaló.
Asimismo, subrayó que las localidades cercanas sostienen un vínculo económico importante con Villa Carlos Paz, ya que sus habitantes consumen bienes y servicios en la ciudad. “Es inapropiado plantear esta medida sin considerar el impacto completo en esta relación”, enfatizó.
Daño a la imagen de la ciudad
Otro punto de conflicto es el impacto que esta medida podría tener en la “marca ciudad”.
“Ser la primera ciudad en el país que plantea cobrar salud pública a turistas y vecinos cercanos daña la imagen de Villa Carlos Paz. Esto afecta la percepción de la ciudad, incluso si no reduce directamente el flujo de visitantes”, sostuvo Quaranta.
También criticó la falta de comunicación del gobierno local, al señalar que “ningún funcionario importante ha salido a explicar ni defender esta medida”.

Para revertir esta situación, Quaranta sugirió que la solución más adecuada sería derogar el artículo en cuestión, aunque admitió que ve poco probable que el oficialismo dé marcha atrás. “La ordenanza es plenamente operativa, y su aplicación es obligatoria a menos que se derogue o se decida no ejecutarla, como hacen con tantas otras normas”, afirmó.
Redacción: La Jornada Web