El gobierno de Javier Milei ha propuesto eliminar la figura del femicidio del Código Penal, una decisión que ha generado una fuerte reacción de diversas organizaciones, entre ellas MUMALA (Mujeres de la Matria Latinoamericana). La entidad manifestó su rechazo a esta iniciativa y alertó sobre el contexto alarmante de violencia de género en el país, señalando que ya en el 2025 se han registrado 25 femicidios, lo que equivale a uno cada 30 horas.
Betiana Cabrera Fasolís, referente de MUMALA y parte del Observatorio de Mujeres, Disidencias y Derechos, destacó que el femicidio no es un «privilegio» sino una figura legal necesaria para visibilizar la violencia extrema que enfrentan las mujeres, niñas, adolescentes, lesbianas, travestis y personas trans.
“La violencia de género -explicó- no es algo aislado, sino parte de un patrón sistemático de control y poder ejercido por los hombres sobre las mujeres en su círculo cercano, ya sea en el ámbito familiar o de pareja”.
Desde MUMALÁ vienen registrando los femicidios desde 2015 a través de medios de comunicación. La falta de registros oficiales actualizados por parte del gobierno ha dificultado el monitoreo y análisis del fenómeno. La eliminación de la figura del femicidio implicaría que los agresores sean procesados solo por homicidio simple, con penas menores y posibilidad de libertad condicional, lo que promovería la impunidad y la reincidencia de estos delitos.
“Quieren fomentar la impunidad del femicida”, subrayó.
Cabrera Fasolís también cuestionó las políticas del gobierno en relación con la violencia de género, resaltando la eliminación de programas preventivos y de acompañamiento como el Programa Acompañar y la línea 144, vitales para la denuncia y asistencia a las víctimas. Además, criticó la postura del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, al señalar que este abogado es conocido por defender a personas acusadas de abuso y corrupción, como el caso del exgobernador de Tucumán, José Alperovich.
A la par de este contexto de creciente violencia y ataques a los derechos de las mujeres, el gobierno de Milei ha impulsado una «batalla cultural» que incluye la criminalización de la diversidad sexual. Según Cabrera Fasolís, la marcha federal del sábado 1 de febrero, que convocó a miles de personas en todo el país, fue una respuesta contundente a estos ataques y una muestra de rechazo a las políticas del gobierno, que se perciben como parte de una agenda fascista. La movilización, que en Córdoba reunió a una gran cantidad de personas a pesar del calor extremo, no solo se centró en la defensa de los derechos de las mujeres, sino también en la protección de los derechos de la diversidad sexual y la denuncia de la violencia institucional.
El rechazo a la eliminación del femicidio del Código Penal se ha convertido en una lucha central de las organizaciones feministas, que advierten sobre las consecuencias de desprotección que este cambio traerá para las mujeres y disidencias en Argentina. En este contexto, las voces feministas siguen organizándose para enfrentar un gobierno que, según afirman, busca desarticular la lucha por la igualdad y la justicia social, atacando a quienes luchan por sus derechos y desinformando a la población con un discurso agresivo y confuso.
