El gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, ha emitido la Resolución 102/2025 con el objetivo de crear el Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes de Seguro de Salud. En la práctica, esto impacta directamente en las obras sociales sindicales, generando una preocupación creciente entre dirigentes gremiales y afiliadxs.
Para entender mejor el contexto y las implicaciones de esta medida, en VillaNos Radio dialogamos con Ilda Bustos, secretaria general de la Unión Obrera Gráfica de Córdoba y de la CGT Regional Córdoba quien aportó su perspectiva sobre la situación actual y el peligro que representa para el sistema de salud solidario.
En principio, la dirigente hizo un repaso por el origen de las obras sociales sindicales señalando que sus raíces datan de las antiguas mutuales creadas por los propios trabajadorxs, con el objetivo de brindar asistencia en salud a sus afiliadxs. Con el tiempo, estas organizaciones fueron reguladas por el Estado, comenzando en la década de 1960 con la dictadura de Juan Carlos Onganía.
El financiamiento de las obras sociales proviene de un aporte de los trabajadores y una contribución patronal, lo que permite sostener un sistema de atención médica basado en la solidaridad. Sin embargo, una parte de estos fondos se deriva al denominado Fondo Solidario de Redistribución, administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud, para cubrir tratamientos de alto costo, discapacidades y otras necesidades excepcionales.
Para Bustos, la nueva resolución podría ser utilizada de manera arbitraria para liquidar obras sociales que el Gobierno considere deficitarias, utilizando criterios que no se han modificado desde la década de 1990, cuando el Banco Mundial impulsó reformas en el sistema de salud.
«Esto forma parte de un proceso de desfinanciamiento que, lejos de buscar mejorar el sistema de salud, favorece la concentración del sector en manos de las prepagas y las empresas privadas», advirtió. Además, señaló que la medida se enmarca dentro de una serie de decisiones gubernamentales que ponen en riesgo el acceso a la salud pública.
Las consecuencias de esta política ya se están sintiendo. La falta de vacunas en centros de salud barriales, la escasez de medicamentos en organismos como el PAMI y la liberación de costos en tratamientos y prótesis son síntomas de un sistema en crisis.
«Si no se frena esta tendencia, la atención de la salud quedará exclusivamente en manos de quienes puedan pagar, dejando a miles de trabajadores sin cobertura», enfatizó.
Ante esta situación, diversos sindicatos y organizaciones han comenzado a presentar recursos judiciales para frenar la aplicación de la resolución, mientras que en Buenos Aires y Córdoba se han llevado a cabo reuniones para coordinar una estrategia de defensa conjunta.
Un ataque a los modelos solidarios
La sindicalista también estableció un paralelismo entre esta situación y lo ocurrido con las cajas de ahorro cooperativas durante el gobierno de Onganía, cuando se centralizaron y privatizaron los servicios financieros. «Todo lo que implique un modelo de solidaridad, ya sea en salud o en economía, es visto como una amenaza para este gobierno», afirmó.
Es por ello que hizo un llamado a la organización y la acción conjunta para evitar el desmantelamiento de la salud pública y sindical. «No podemos permitir que el acceso a la salud dependa del mercado. Debemos defenderlo como un derecho fundamental».
