A través de un comunicado, la Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA) difundió que la Secretaría de Ambiente del gobierno de la provincia reconoció que el humedal El Pantanillo es categoría de conservación II (amarillo), y por lo tanto no se permite el cambio de uso de suelo.
“Desde ADARSA ONG y otras instituciones denunciamos que la Ley de Bosques prohibía urbanizar el Pantanillo, sin embargo el gobierno de Villa Carlos Paz decidió avanzar hasta promulgar la ordenanza. Ahora, con la respuesta oficial, queda en evidencia que quienes promovieron el proyecto serían pasibles de ser investigados por el probable delito de ABUSO DE AUTORIDAD (amén de mostrar un profundo desconocimiento de las leyes ambientales y el desprecio por quienes las protegen)”, destacaron desde la entidad.
Marcela Fernández, abogada de ADARSA, detalló a VillaNos Radio que el 3 de noviembre de 2024 presentaron un pedido de información pública, sabiendo que se venía el debate sobre la llamada “cuarta etapa del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental”. Al no ser respondido en tiempo y forma, desde la ONG presentaron un pedido de pronto despacho el 30 de noviembre. Finalmente, la notificación llegó recién el 17 de febrero, aunque con fecha del 14 de noviembre.
“Que casualidad que la respuesta llegue ahora y no antes del debate en el CPUA o de la audiencia pública. De todos modos, si vemos los mapas y la legislación de bosques, sabemos que esa área está categorizada entre zona roja y amarilla y por lo tanto no se puede urbanizar”, insistió Fernández.
La abogada también cuestionó el proceso legislativo que llevó a la aprobación de la ordenanza, afirmando que «el debate en el Concejo de Representantes fue vergonzoso, con chicanas políticas en lugar de una discusión de fondo sobre la protección del Pantanillo».
«El único camino posible es la derogación de la ordenanza, ya que contradice abiertamente la legislación vigente», remarcó.
Además, la Secretaría de Ambiente confirmó en su resolución que es el órgano de aplicación de la Ley de Bosques y que, por su categoría de conservación, el predio no debe ser afectado por cambios de uso del suelo. También reveló que existe un expediente en trámite en Policía Ambiental por infracción, lo que refuerza la ilegalidad de cualquier intervención en el humedal.
Posibles consecuencias legales
Fernández advirtió sobre las implicaciones legales para los funcionarios que aprobaron la ordenanza. «Cuando un funcionario incumple la ley, puede ser investigado por abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esto ya ocurrió con el exsecretario de Ambiente, y podría suceder nuevamente en el municipio», alertó.
Por otro lado, señaló la posible presión de sectores económicos e inmobiliarios detrás del intento de urbanización. «Algunos creyeron que la ampliación del ejido era solo un negocio, sin importar la conservación del humedal, que es fundamental para el futuro del agua y el ecosistema», afirmó.
