En el marco del conflicto por la construcción de la autovía de Punilla, seis personas que participaron de las protestas en defensa del ambiente enfrentarán un juicio oral impulsado por el exintendente de Cosquín, Gabriel Musso. Están acusadxs de amenazas y resistencia a la autoridad
Marcela Martín, una de las imputadas, dialogó con VillaNos Radio y dio detalles del proceso judicial y del trasfondo político que motiva esta causa.
“Esta es la primera elevación a juicio con intento de condena a defensoras ambientales en Córdoba. Contradice el Acuerdo de Escazú y los tratados internacionales que Argentina ha firmado en materia ambiental”, denunció Martín. La causa se originó tras un cruce verbal entre defensores ambientales y funcionarios municipales en un plenario de organizaciones desarrollado en Cosquín.
Martín consideró que no fue un encuentro casual, sino una provocación.
“Si él hubiera pasado por otro lado, nada de esto habría ocurrido. Nosotros habíamos anunciado el plenario en todas nuestras redes”. En ese momento, un grupo de manifestantes se acercó a reclamarle en persona al entonces intendente por su rol en la aprobación de la obra de la autovía. “Le dijimos en la cara que era responsable del desastre ambiental. Pero no hubo amenazas. Hay cámaras, hay testigos, incluso los suyos, que afirman que no hubo violencia”, aseguró.
La defensora ambiental también remarcó que otras causas vinculadas a esta lucha fueron archivadas, pero esta sigue en pie. “¿Por qué no prescribe? Porque evidentemente hemos molestado lo suficiente. Esto es parte de un proceso político más amplio. Nos quieren disciplinar”, sostuvo.
El juicio, que aún no tiene fecha de inicio, ya cuenta con una fiscal designada, la doctora Fabiana Pochettino, y un vocal de Cámara, Javier Rojo. En esta etapa inicial, las partes cuentan con un plazo para revisar el expediente y presentar pruebas. “Vamos a aportar videos, nuevos testigos y ratificar a los anteriores. Esta lucha no ha terminado, quieren avanzar con la autovía hasta La Cumbre y con el proyecto del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) que saquea el territorio”, advirtió Martín.
También cuestionó la autonomía del Poder Judicial en este caso: “Nadie puede creer que la justicia es independiente en este país. Esto responde a intereses políticos y empresariales. Musso no es una víctima, es un provocador. Él, junto con el gobierno provincial, impulsan esta criminalización de la protesta”.
La entrevistada destacó la importancia del acompañamiento social para enfrentar el proceso: “Necesitamos difusión, apoyo económico, y organización para movilizarnos el día de la audiencia. No solo se trata de nosotros seis, esto afecta a todas las luchas sociales”.
Finalmente, Martín concluyó: “Esto no es una cuestión legal. Es una disputa política, es quién defiende el territorio y quién lo destruye. No hay punto medio”.
La causa avanza mientras crece la preocupación por el intento de instalar un precedente que limite el derecho a la protesta y desaliente la participación ciudadana en defensa del ambiente. Las organizaciones ambientales llaman a fortalecer la movilización y la solidaridad con quienes enfrentan este proceso judicial.
