El pasado viernes 16 de mayo, la Plaza del Avión en Villa Carlos Paz fue escenario de una multitudinaria convocatoria impulsada por organizaciones, familias, trabajadores y prestadores de servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad. El reclamo principal: la urgente sanción de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, que ya cuenta con dictamen en la Cámara de Diputados y espera ser tratada en el recinto.
“La situación es muy crítica”, alertó Ivana Cía, licenciada en Trabajo Social e integrante de AUDE Red Integral, en diálogo con VillaNos Radio. “Hay un retraso en los valores que se imponen a las prestaciones de servicio para personas con discapacidad, y esto pone en riesgo no solo a las instituciones, sino también a quienes trabajan en el sector y, por supuesto, a las personas con discapacidad que necesitan esos servicios”, explicó.
Según detalló, desde que comenzó 2025, la inflación acumula más de un 11%, mientras que los aranceles que paga el Estado no han sido actualizados en lo que va del año. “Los últimos aumentos fueron en octubre, noviembre y diciembre de 2024, y ninguno superó el 1%. El desfasaje es violento”, remarcó.
Además de la pérdida económica, Cía denunció una violencia simbólica sostenida por parte del Estado: “Se celebra la baja de la inflación, pero todos sabemos que no es un fenómeno monetario, sino que hay una caída brutal del consumo. En nuestro sector, se traduce en precariedad y abandono”.
Durante la jornada también se visibilizó la creciente burocratización de los trámites vinculados a la discapacidad, en particular la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD). “Se están complejizando todos los procedimientos. La resolución 187, que se aprobó en enero, retoma un modelo médico hegemónico para justificar científicamente los recortes. A eso se suma la dificultad para tramitar pensiones no contributivas. Es violento, no encuentro otra palabra”, enfatizó.
La convocatoria reunió a numerosos actores locales: centros de día como Enlaces y Vida Feliz, el Centro de Rehabilitación Integral Gira Luna, transportistas, profesionales y familias. “El compromiso de la comunidad fue enorme. Fue una bocanada de esperanza en medio de tanta angustia. No es fácil salir a movilizarse en este contexto, donde la gente trabaja 23 de las 24 horas del día para sobrevivir”, expresó la trabajadora social.
Consultada sobre el acompañamiento de los gobiernos provincial y municipal, Cía fue contundente: “Si existe, no lo conozco. En lo personal y desde lo colectivo, entendemos que no hay apoyo institucional por parte del Estado local ni del provincial”.
El proyecto de ley que reclaman declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Entre sus puntos principales, establece:
- Actualización automática de los aranceles según inflación.
- Pago urgente de las deudas que el Estado mantiene con prestadores.
- Facilitación de trámites como el CUD y las pensiones no contributivas.
- Alivio fiscal para prestadores, condonación de intereses y refinanciación de deudas.
- Mejoras en el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.
- Creación de un organismo de seguimiento con participación de personas con discapacidad y organizaciones.
“Esta ley es urgente, es justa y es necesaria. Vamos a seguir visibilizando la situación con todas las herramientas que tengamos a mano: movilizaciones, redes sociales, notas como esta. Porque se trata de derechos humanos básicos que hoy están siendo vulnerados”, concluyó Ivana Cía.
Mientras se espera que el Congreso incluya el proyecto en el orden del día, las organizaciones de discapacidad en Villa Carlos Paz no descartan nuevas acciones para continuar su lucha.
