Avanza la causa por Enterramientos Clandestinos: “No se puede vivir en una sociedad con muertos sin sepultura”

Noticias

En un paso clave para el avance de la causa conocida como enterramientos clandestinos en el ex centro clandestino de detención y tortura La Perla, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja resolvió habilitar la participación de 26 familiares directos de personas desaparecidas como querellantes. La medida abre una nueva etapa en la investigación y profundiza las expectativas de verdad y justicia para los familiares.

Soledad García, integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba y una de las referentes históricas en la lucha por los derechos humanos en la provincia, celebró la resolución judicial: “Decimos ‘por fin’ porque para nosotros es importantísimo que cuanto antes se actúe para profundizar esta investigación”, expresó en diálogo con VillaNos Radio.

Y agregó: “Entendemos que hay lugares en La Perla —que es tan grande, con muchas hectáreas— sobre los cuales hay que trabajar. Tenemos datos técnicos y estudios que nos permiten delimitar un radio específico de búsqueda”.

García explicó que hasta ahora las familias no tenían acceso a mayor información por la ausencia de una ley nacional de búsqueda de desaparecidos, como sí existe en países como Colombia o México. “No tener una ley de búsquedas en Argentina nos ha dejado fuera del proceso. Esta querella crea una instancia para poder participar activamente”, destacó.

La causa judicial investiga la existencia de enterramientos clandestinos dentro del predio de La Perla. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ya está interviniendo, aunque García alertó sobre un obstáculo clave: la falta de recursos. 

“La búsqueda implica poner recursos económicos, maquinaria, gente especializada. Es un trabajo costoso y es urgente que se destinen los fondos necesarios. No es un juicio más. Es una búsqueda humanitaria”, subrayó.

Además de los 26 familiares ya aceptados como querellantes, se espera que en los próximos días se sumen unos 15 más. “Esto muestra que la causa se está moviendo, y hay muchos familiares con ese derecho en expectativa. No buscamos restos, buscamos cuerpos, porque queremos enterrarlos con dignidad”, señaló.

García remarcó que, pese a las dificultades, el colectivo de familiares transita esta etapa con la convicción de que es necesario cerrar un ciclo: “Es duro, pero fundamental. Cada familia decidirá cómo proceder si se encuentran cuerpos. Tenemos 21 víctimas localizadas en esta primera etapa, pero la búsqueda es sobre muchas más”.

En otro tramo de la entrevista, la referente apuntó contra el silencio de los responsables de los crímenes. “Los militares no hablaron nunca. Tienen un pacto de sangre y de silencio. Pero también había personas que cumplían funciones periféricas, como personal de Gendarmería. Apelamos a su memoria, a su voluntad de hablar. Hoy no implica ningún riesgo ni pena hacerlo”.

Soledad también hizo un llamado a la comunidad, especialmente a la de Villa Carlos Paz y el sur de Punilla, que están en las cercanías de La Perla. “Alguien pudo haber visto algo. Como fue en su momento el testimonio de (José Julián) Solanille. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave. Hasta un movimiento extraño en la tierra. Necesitamos geólogos, expertos en suelo, pero también vecinos que hablen”, dijo.

La causa de enterramientos clandestinos en La Perla tiene antecedentes, pero con esta nueva etapa se pretende avanzar con estudios y mapeos actualizados para delimitar con mayor precisión las áreas de búsqueda. “Gracias a los testimonios de los sobrevivientes sabemos cuántos kilómetros recorrían entre que sacaban a alguien y volvían. Eso acota el área posible. Es momento de actuar”, insistió.

Finalmente, García destacó el respaldo que han recibido de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos y de diversas instituciones: “Este compromiso de memoria, verdad y justicia no termina con los juicios. Profundizar la búsqueda es una obligación ética. No se puede vivir en una sociedad con muertos sin sepultura”.

La lucha por encontrar los cuerpos de los desaparecidos continúa, y los familiares, junto a organismos de derechos humanos, insisten: mientras no aparezcan, el delito sigue cometiéndose.