La Cámara de Apelaciones de Villa Dolores cambió la calificación de homicidio doloso a homicidio culposo en el caso de Jonatan Romo. La familia denuncia impunidad y prepara un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.
(Foto: La Estafeta Online) La causa que investiga el asesinato de Jonatan Romo, el joven de La Falda fallecido el 10 de julio de 2022 en el marco de una detención policial, suma un nuevo capítulo de polémica e indignación. La Cámara de Apelaciones de Villa Dolores resolvió morigerar las imputaciones de los seis policías involucrados, modificando la acusación inicial de “homicidio calificado agravado por abuso institucional” a la de “homicidio culposo por imprudencia”.
Se trata de los sargentos Miguel Ángel Aguilera y Walter Geri, y el cabo Hernán Suárez, que hasta el momento estaban imputados por homicidio calificado por abuso de sus funciones, y el subcomisario Pablo Antonio Zárate y el agente Lucas Giménez, sobre quienes pesaba una imputación por encubrimiento agravado, por no haber denunciado lo sucedido ni haberlo hecho constar en el libro de guardia. En tanto, el cabo Juan Pablo Zunino ya había sido excluido de la acusación de homicidio por falta mérito.
La decisión fue recibida con “mucha sorpresa” por la familia de Romo y su abogado, Gustavo Pérez, quien en declaraciones a VillaNos Radio expresó: “Se desprende de la causa en forma notoria, concreta y con certeza que no fue un homicidio culposo. Fue un homicidio doloso”.
Según explicó Pérez, la calificación original, sostenida por el juez de control de Cosquín, se basaba en pruebas contundentes: “Hay un video en el que se ve cómo Romo es golpeado con los puños por la policía cuando ya estaba arrodillado con las manos en la nuca. Después lo siguen golpeando en la alcaldía. Hay testigos presenciales, incluso otros detenidos, que lo confirman”.
Además, los informes forenses son categóricos. La autopsia, realizada por peritos del Poder Judicial y luego ampliada con intervención del director de Medicina Forense de la Policía Judicial de Córdoba, concluyó que Romo murió por asfixia mecánica “ante la presión y la violencia ejercida por la policía en el momento de la detención”.
A pesar de esta evidencia, la Cámara resolvió disminuir la gravedad de la imputación, lo que implica una reducción drástica en las posibles penas. “Por homicidio calificado la pena era prisión perpetua. Por homicidio culposo, hablamos de uno a cinco años. Los policías ya estuvieron presos unos meses, y con esta nueva calificación quedarían directamente en libertad”, advirtió el abogado.
Frente a esta situación, Pérez anunció la presentación de un recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Superior de Justicia: “Vamos a tratar de que se revea esta resolución y que podamos llegar a juicio oral con la calificación original”.
Otro punto alarmante que señaló el letrado es que, a casi dos años del hecho, la Fiscalía no ha designado un responsable a cargo de la investigación.
El fiscal original, Raúl Ramírez, fue apartado tras ser procesado en una causa por encubrimiento de narcotráfico. Desde entonces, no se ha informado quién lo reemplazaría. “Me presenté en la Fiscalía de Cosquín y no me supieron decir quién es el fiscal. Acudí al fiscal general y tampoco me lo informaron. Es una situación totalmente irregular”, remarcó.
Sobre el estado actual de los seis policías imputados, Pérez confirmó que todos se encuentran en libertad y en situación pasiva dentro de la fuerza: “Estuvieron presos entre tres y seis meses. Hoy cobran un porcentaje reducido del salario, pero siguen siendo policías”.
El abogado también denunció una preocupante desigualdad en el tratamiento judicial de los casos de violencia institucional. Comparó el proceso con el del caso Blas Correas, ocurrido en Córdoba capital, que en menos de un año llegó a juicio oral con varias condenas: “Allí hubo presión mediática y movilización. En cambio, acá, por ser del interior, todo se dilata. Pareciera que somos de otro país”.
Por último, Pérez fue contundente respecto a las intenciones de la familia: “No nos interesa la acción civil. No queremos plata. Queremos que los responsables del homicidio de Jonatan Romo vayan presos. Si tenemos que desistir por escrito de cualquier resarcimiento económico, lo hacemos ya. Lo que exigimos es justicia y que se mantenga la calificación original para que haya un juicio oral justo y transparente”.
Mientras el reloj judicial corre, la familia Romo espera que el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia logre revertir lo que consideran un paso atrás en la búsqueda de justicia.
