La Legislatura de la provincia de Córdoba aprobó por unanimidad una declaración de rechazo al decreto presidencial 345/2025, mediante el cual el Gobierno Nacional degradó la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), quitándole su autonomía y su jerarquía institucional. La medida fue impulsada a partir del trabajo conjunto de distintas bibliotecas populares del territorio, entre ellas, la biblioteca Los Morteritos, de Estancia Vieja.
Violeta Ojeda, referente de esa institución, celebró la declaración y destacó que “no es menor ese acompañamiento”.
En diálogo con VillaNos Radio explicó que la declaración es fruto de un trabajo de años y de vínculos construidos desde los espacios comunitarios: “La legisladora que presenta el proyecto es Doris Mansilla, del GEN, que toda su infancia la pasó en una biblioteca popular. Se siente parte de una biblioteca, y eso le dio otro peso a la iniciativa”.
Vale recordar que el decreto firmado por el presidente Milei, rebajó el rango institucional de la CONABIP, una medida que fue ampliamente cuestionada desde el sector. “La CONABIP es un organismo fundamental para el funcionamiento de las bibliotecas populares”, explicó Ojeda. “No solo regula los fondos que llegan desde Nación para proyectos, sino que garantiza que se cumplan requisitos como la personería jurídica, la pertinencia de los proyectos y su evaluación. Sin ese financiamiento, muchas bibliotecas desaparecen, porque no hay otra fuente de recursos”.
Ojeda señaló que las bibliotecas populares tienen una historia centenaria en Argentina, nacidas por impulso de la ley de Sarmiento de 1870. “Tienen un carácter federal y comunitario. No son sólo espacios para leer en silencio: son difusoras de cultura, rescatan los saberes de los pueblos y promueven la participación”.
Durante la entrevista, también se refirió a la posibilidad de impulsar acciones judiciales: “Lo que planteamos en la última reunión con legisladoras y otras bibliotecas populares es que este decreto no puede ser acompañado desde la provincia. Además, pedimos que se reactive la Ley Provincial de Bibliotecas Populares (Ley 8016, sancionada en 1990 pero nunca reglamentada) que prevé financiamiento, becas y apoyo a la tarea bibliotecaria. Queremos que se la actualice y que la provincia también asuma su rol”.
Aunque aún no hay definiciones del Ejecutivo cordobés, Ojeda señaló que hay al menos tres legisladoras comprometidas con el tema: Doris Mansilla, Carmen Suárez y Silvina Juric. “Reconocen haber sido usuarias de bibliotecas populares y se han comprometido a acompañar nuestro proyecto. En unos días tendremos una nueva reunión para seguir avanzando”.
Finalmente, la referente de Los Morteritos resaltó los desafíos que atraviesan las organizaciones comunitarias: “Cuesta mucho tener al día la documentación en la dirección de Inspección de Personas Jurídicas, cada vez se nos piden más requisitos. Pero seguimos adelante, porque creemos que las bibliotecas siguen siendo esenciales, incluso en tiempos de inteligencia artificial. Cuando se apaga internet, el libro sigue ahí”.
