La resolución del juez Alejandro Patricio Marianello que ordena el cese inmediato de la difusión de audios grabados en la Casa Rosada, en los que se escucha a la secretaria de Presidencia Karina Milei, generó un fuerte debate en torno a la libertad de expresión y el derecho a la información.
Según el magistrado, la prohibición se fundamenta en “una violación grave de la privacidad institucional”. Sin embargo, especialistas advierten que la medida constituye un caso emblemático de censura previa.
El abogado constitucionalista y ex juez federal Miguel Julio Rodríguez Villafañe consideró que la resolución judicial no puede analizarse de manera aislada. “Lo que están diciendo es gravísimo, pero no podemos dejar pasar algo mucho más grave que viene existiendo antes: que el presidente diga que hay que odiar a los periodistas”, afirmó en diálogo con VillaNos Radio.
Rodríguez Villafañe advirtió que las expresiones presidenciales, donde se habló de “tirar a la hoguera” a comunicadores y se los calificó de “cerdos o excrementos ensobrados”, tienen un efecto directo sobre la seguridad de quienes ejercen el oficio. “Viniendo del presidente de la República es gravísimo. No deja de ser una orden subliminal muy preocupante”, sostuvo.
El constitucionalista también se refirió a las causas que rodean la difusión de los audios. Recordó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal en Comodoro Py, en la que incluso se pidió allanar a periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico.
“El artículo 43 de la Constitución protege el secreto de las fuentes periodísticas. Pedir celulares y computadoras es inaceptable”, señaló Rodríguez Villafañe. Además, calificó de “sainette inexplicable” la hipótesis que vincula a un supuesto complot “ruso, boliviano, venezolano y de la AFA” detrás de la filtración.
Sobre el origen de las grabaciones, enfatizó: “Esto no ha sido grabado en el baño de Karina Milei. Se supone que ha sido en lugares públicos. Si eso les preocupa, le tendría que costar la cabeza al jefe de inteligencia”.
El abogado hizo un paralelismo histórico y comparó el fallo con censuras registradas en regímenes de facto: “En democracia ha sido más difícil encontrar antecedentes. Incluso la censura a Tato Bores de la jueza Servini termina siendo anecdótica al lado de lo que está pasando hoy”.
Para Rodríguez Villafañe, la situación representa “un retroceso tremendo” en materia de libertades. “Volvemos a depender de Radio Colonia o medios del exterior para escuchar audios que en Argentina no se pueden pasar. Y todo en un gobierno que se autodefine como libertario, pero que viola uno de los valores fundamentales de la libertad, que es la libertad de expresión sin censura previa”, aseguró.
El especialista también advirtió sobre el deterioro en las condiciones laborales del sector: “Hoy un periodista gana por debajo de la línea de la miseria, con salarios de 700 mil pesos cuando la canasta básica está en 1.200.000. A la precarización se suma la obligación de hacer múltiples tareas por el mismo ingreso. Es parte de una estrategia para complicar la tarea de la información”.
Martín Becerra: “Ningún presidente desde la recuperación democrática dedicó tanto tiempo a atacar periodistas”
Para el doctor en Ciencias de la Información, investigador del CONICET y docente universitario Martín Becerra, la decisión de Maraniello resulta “contradictoria y torpe”. “El propio gobierno justifica los ataques del presidente Milei hacia periodistas y medios en nombre de la libertad de expresión, pero ahora avala un fallo que la cercena. Además, prohibir la circulación de contenidos en plataformas digitales hoy es prácticamente una quimera”, señaló.
El especialista también recordó que el juez pidió la intervención del ENACOM, organismo “desguazado en sus capacidades técnicas desde que asumió Milei”, lo que vuelve inviable la implementación de la medida.
Becerra vinculó esta resolución con otras acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad, como denuncias contra periodistas y pedidos de allanamiento a viviendas y medios. “La decisión de Patricia Bullrich de perseguir penalmente a periodistas incluso fue desestimada en parte por el fiscal Stornelli, que comparte el ideario del gobierno. Eso habla de cierto deterioro de esta avanzada continua contra el periodismo y la libertad de expresión”, afirmó.
En este marco, alertó que el gobierno está reintroduciendo prácticas autoritarias que se creían superadas: “Va dejando huellas en la cultura política, huellas de autoritarismo que creíamos erradicadas de la vida nacional”.
Otro aspecto que Becerra remarcó fue la falta de reacción de los medios tradicionales frente a la prohibición: “Me llama la atención que ningún medio mainstream haya difundido los audios. Amparados en la garantía constitucional de la libertad de expresión, no correrían ningún riesgo. Sin embargo, hasta ahora han sido bastante amables con un gobierno que hostiga al periodismo y a los propios dueños de medios”.
El investigador observó además matices dentro de los grandes conglomerados: “En La Nación conviven un canal muy oficialista y un diario que en algunos segmentos parece haber resucitado al periodismo crítico. Algo similar ocurre en TN, donde de día se cubren temas sensibles como la inflación, pero en la noche la programación es muy favorable al gobierno”.
Sobre el impacto político de la prohibición, Becerra opinó: “Habla de un momento de aturdimiento del gobierno. Reacciona mal, sin planificación, y genera un efecto boomerang: se habla más de los audios porque intentaron acallarlos. Incluso a parte de la base de votantes de la ultraderecha esto le resulta impropio”.
El analista vinculó el episodio con las internas dentro del oficialismo: “El sector de Santiago Caputo, más hábil en redes, fue desplazado. Quedó a cargo Karina Milei, que demuestra torpeza también en materia de libertad de expresión y manejo de la opinión pública”.
Un hecho sin antecedentes desde 1983
Consultado por los antecedentes históricos, Becerra fue categórico: “Por lo menos desde 1983 no hay antecedentes tan graves. Ningún presidente desde la recuperación democrática dedicó tanto tiempo a atacar periodistas ni recortó por decreto el derecho al acceso a la información pública. Este gobierno sí lo hace, junto con el desguace de medios estatales y el recorte de fondos para medios comunitarios”.
Finalmente, subrayó que si bien la población enfrenta urgencias más inmediatas como la inflación y el deterioro social, no debe pasarse por alto el avance sobre la libertad de expresión: “Son medidas que van limando nuestros derechos y nuestra capacidad de reclamar por ellos”.
