Personas autoconvocadas y organizaciones ambientalistas buscan proteger el ecosistema ante la reciente aprobación de una normativa que permite su urbanización.
El pasado jueves 06 de marzo se llevó a cabo una reunión importante relacionada con la grave situación ambiental que supone la aplicación de la cuarta etapa del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental. Esta ordenanza, aprobada por mayoría y con gran polémica en el Concejo de Representantes, redefine el uso del suelo en la zona oeste de la ciudad, estableciendo nuevas regulaciones sobre las dimensiones mínimas de los lotes, las alturas de las construcciones, la creación de estacionamientos y las modificaciones en las áreas protegidas del sector. Además, afecta a los terrenos anexados al ejido municipal en 2018, que ahora estarán bajo un nuevo régimen.
Organizaciones socioambientales, vecinxs y representantes de colegios profesionales, como el de Arquitectos y el CEPIA, alertaron tanto dentro del CPUA (Consejo de Planificación Urbano Ambiental) como en la audiencia pública de rigor sobre el impacto que tendrían estas nuevas urbanizaciones en el arroyo El Sauce y el humedal El Pantanillo.
En este contexto, integrantes del grupo de autoconvocadxs que vienen trabajando en la defensa del humedal mantuvieron una audiencia con el Defensor del Pueblo, Víctor Curvino, ante quien plantearon sus preocupaciones y le pidieron que intervenga para reclamar ante el municipio la derogación de la ordenanza.
“Curvino nos recibió muy bien, fue amable y nos escuchó con atención. Hizo algunas preguntas, y también estaba presente una abogada de su equipo”, contó a VillaNos Radio Laura Colladón, representante de ADARSA (Asociación de Amigos del Río San Antonio); aunque admitió que “me llamó la atención que ninguno de ellos tomó notas ni grabó la reunión”.
“Admiro su capacidad de retener toda la información que compartimos durante más de una hora”, dijo con un dejo de ironía.
El planteo principal fue que, en calidad de Defensor del Pueblo, pida al municipio la derogación de la ordenanza.
“Queremos que esa ordenanza sea derogada. Nuestros argumentos son sólidos. Desde ADARSA (Asociación de Amigos del Río San Antonio), junto con otras organizaciones y centros vecinales, hemos presentado amplia documentación. Incluso la comunidad docente está muy interesada en este tema. Hay un fuerte movimiento para salvar lo que queda de El Pantanillo. Además, contamos con la respuesta de la Secretaría de Ambiente a ADARSA que confirma que esa parcela está protegida por la Ley de Bosques, con categoría amarilla, lo que impide cualquier cambio de uso del suelo”, enfatizó.
Relató que, durante la reunión, “Curvino mencionó que, si es ley, es ley”. Recordando que el gobierno liderado por el intendente Esteban Avilés tiene una larga tradición de interpretar las normativas para que se ajusten a sus intereses, Colladón puso como ejemplo la postura del jefe de la bancada de Carlos Paz Unido, Sebastián Guruceta, durante el debate del proyecto en el Concejo de Representantes. “Y eso que es abogado. Sin palabras”, lanzó.
Sobre las expectativas tras el encuentro, precisó que Curvino “nos dijo que en una o dos semanas tendríamos una respuesta, aunque advirtió que podría no gustarnos. Lo importante es que haga su trabajo como Defensor del Pueblo”.
Asimismo, confirmó que, en caso de no encontrar respuesta positiva al reclamo, “estamos analizando todas las opciones, incluyendo una denuncia judicial”. “Es un proceso que lleva tiempo, pero es una opción que estamos evaluando seriamente”, dijo.
Para Colladón, los funcionarios que avalen la urbanización en sectores vedados por la Ley de Bosques podrían ser acusados de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. Y citó el caso del exsecretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba, Raúl Costa, quien fue condenado a tres años de prisión por el delito de abuso de autoridad, acusado de autorizar a EPEC para que instalara una estación eléctrica y a la empresa GAMA para que construyera un emprendimiento inmobiliario en “zonas rojas” de protección de flora y fauna, dentro del ejido de San Antonio de Arredondo.
“Hemos informado a Catastro de la provincia que esa parcela está protegida por la Ley de Bosques. Si el municipio autoriza cualquier proyecto allí, estaría actuando ilegalmente”, advirtió.
La integrante de ADARSA planteó, además, que la idea de urbanizar lo que queda de El Pantanillo “es absurda. Nadie, excepto el municipio y los concejales que aprobaron la ordenanza, está de acuerdo con urbanizar esa zona. Es un área inundable, y cualquier intervención agravará los problemas aguas abajo”.
Sobre este punto, señaló que Curvino dijo que conoce bien la zona y que no ha recibido denuncias formales sobre inundaciones. “Sabemos que las denuncias no siempre se hacen, aunque los hechos existan. Además, mostró poca empatía hacia las personas que viven en la zona, algunas de las cuales no tienen los papeles en regla, pero sufren las mismas consecuencias”, acotó.
Para el grupo de vecinos autoconvocados, el reclamo no acaba en lo administrativo y, eventualmente, la instancia judicial. “Tenemos planeadas acciones educativas, caminatas y reuniones informativas. Queremos seguir concientizando a la comunidad y presionando para que se revierta esta ordenanza. Se está ampliando bastante la red y estamos muy conformes, porque estamos logrando objetivos que van más allá de esta ordenanza mezquina, que van a abarcar a toda la sociedad y que nos van a dejar enseñanzas a futuro, a los que conformamos este grupo y a todos los que podamos ampliar”, se ilusionó Colladón.
