Trabajadores del PAMI en Villa Carlos Paz, junto con el Movimiento de Jubilados Punilla, han denunciado reiterados malos tratos por parte de la jefa de la agencia local, Laura Illanes. En respuesta, el sindicato ATE tomó intervención y mantuvo una reunión con el director ejecutivo del PAMI en la provincia de Córdoba, Marcos Patiño Brizuela, para exigir medidas concretas ante la situación.
Nora Oviedo Fernández, delegada paritaria de la Subcomisión de Igualdad de Oportunidades y Trato de ATE, participó del encuentro y detalló que los hechos denunciados incluyen no solo maltrato laboral hacia los empleados, sino también destrato a los afiliados. «Nuestros jubilados tienen derecho a una atención acorde a sus necesidades. Muchas veces necesitan explicaciones claras sobre sus trámites, y en lugar de recibir ayuda, han sufrido insultos y malos tratos», expresó Oviedo Fernández en diálogo con VillaNos Radio.
Según la delegada sindical, un equipo interdisciplinario de PAMI, compuesto por psicólogos, trabajadores sociales y abogados, investigó las denuncias y determinó la veracidad de los hechos, lo que motivó la intervención del director ejecutivo de la UGL3 Córdoba. Sin embargo, la única medida tomada hasta el momento ha sido una charla con la denunciada, lo que para los trabajadores resulta insuficiente. «Si una persona maltratadora no se acoge a un tratamiento, con una charla no es suficiente», afirmó Oviedo Fernández.
Las denuncias han tenido un impacto grave en los empleados de la agencia. Actualmente, dos trabajadores están con carpeta psiquiátrica debido al «nivel de hostigamiento y persecución», mientras que otro sufrió una descompensación y debió ser internado.
Ante esta situación, ATE exige la apertura de un sumario administrativo y la aplicación de sanciones en el marco del reglamento de personal de PAMI. «No quedamos conformes con la reunión porque solo se nos dijo que hablaron con la persona denunciada. Es difícil para los trabajadores permanecer ocho o nueve horas en un ambiente donde el maltrato ha roto los vínculos», sostuvo Oviedo Fernández.
Otro punto que genera preocupación es la existencia de una causa judicial contra Illanes por su gestión en la comuna de Cabalango. «No sabemos con certeza de qué se trata, pero vamos a exigir que se investigue. En PAMI no puede haber personal con causas penales pendientes», advirtió la dirigente sindical.
En octubre del 2024, la fiscal de Carlos Paz Silvana Páez, imputó a Illanes por el delito de homicidio culposo por la muerte de Jazmín Saldaña, una niña de 11 años que falleció en enero de 2024 en un accidente ocurrido en el arroyo Los Chorrillos de Cabalango.
Illanes formaba parte de la Comisión Comunal por la minoría y se desempeñaba como secretaria comunal. Misma figura recayó sobre la presidenta comunal Carla Bruno, el tesorero Mario Griglio y el encargado de Defensa Civil y Seguridad Mario Cuevas.
El conflicto seguirá su curso el próximo 20 de marzo, cuando la Subcomisión de Igualdad de Oportunidades y Trato se reúna en Buenos Aires con el equipo interdisciplinario del organismo. Allí, ATE insistirá en la necesidad de una intervención superior y en la aplicación de sanciones concretas contra la jefa de la agencia de Villa Carlos Paz.
