Organizaciones sociales y referentes de la economía popular manifestaron una fuerte preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno nacional avance con el cierre del programa “Volver al Trabajo”, que actualmente alcanza a unas 950.000 personas en todo el país. En ese marco, el pasado martes 7 de abril se presentó un amparo colectivo para intentar frenar la medida.
Maximiliano Maitas, delegado del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), explicó que, si bien no existe aún una resolución formal, los anuncios oficiales generan incertidumbre. “No hay ningún acto administrativo que diga que se va a dar de baja el programa, pero los anuncios del Gobierno indican que podría no continuar al vencerse su plazo”, señaló en diálogo con VillaNos Radio.
El dirigente remarcó que el programa, creado en reemplazo de Potenciar Trabajo, tiene una duración prevista de dos años y que su eventual discontinuidad también pondría en riesgo otras políticas sociales. “No solo está en juego ‘Volver al Trabajo’, también el acompañamiento social, que abarca a un universo aún mayor de personas”, advirtió.
Además cuestionó la falta de datos oficiales sobre los resultados del programa. “No hay un solo informe que diga cuántas personas lograron insertarse en el mercado laboral. No hay nada”, afirmó, y agregó que muchas de las metas planteadas “son boicoteadas por el propio Gobierno”.
En ese sentido, denunció el desfinanciamiento de políticas destinadas a fortalecer cooperativas y unidades productivas: “Se habla de mejorar la capacidad productiva, pero al mismo tiempo se eliminan convenios que financiaban el crecimiento de las cooperativas”.
Para el referente social, existe una estrategia más amplia: “Hay un plan diseñado para destruir y desmantelar el entramado social y comunitario construido por las organizaciones populares”.
Impacto en derechos laborales
Más allá del monto económico —actualmente de 78.000 pesos—, Maitas subrayó que lo central son los derechos asociados a estos programas. “El problema no son los 78.000 pesos, el problema son los derechos adquiridos”, sostuvo.
Entre ellos mencionó el acceso al monotributo social, aportes previsionales y cobertura de salud. “El monotributo social implica derechos previsionales y obra social. Todo eso también está en riesgo”, alertó.
Además, destacó la importancia de la formalización que brindan estos programas: “No es lo mismo tener un programa de empleo que te permite facturar y estar bancarizado, que un plan meramente asistencial”.
Según estimaciones, unas 950.000 personas podrían verse afectadas a nivel nacional, mientras que en Córdoba la cifra superaría los 32.000 trabajadores.
“El 55% del trabajo en Córdoba es precario. Estamos hablando de un sector enorme de trabajadores que necesitan políticas que reconozcan su situación”, indicó Maita, quien también pidió un pronunciamiento del gobierno provincial.
El amparo presentado busca frenar cualquier intento de desmantelamiento del programa sin una alternativa superadora. “No defendemos planes por sí mismos. Si hay algo mejor, bienvenido, pero tiene que mejorar las condiciones de vida. Hoy todo está empeorando”, afirmó.
La presentación fue impulsada junto a otras organizaciones sociales y sindicales, y podría replicarse en distintos puntos del país. “Le van a estar golpeando la puerta a los jueces en todo el país”, anticipó.
Críticas a políticas de criminalización
En otro tramo de la entrevista, Maita también cuestionó iniciativas que buscan restringir actividades informales como la de cuidacoches o limpiavidrios. “Son medidas que criminalizan a los trabajadores más pobres sin ofrecer alternativas reales”, sostuvo.
Para el dirigente, estas políticas apuntan a los sectores más vulnerables sin abordar las causas estructurales de la exclusión: “Se atacan los síntomas, pero no la enfermedad, que es un sistema que no genera empleo suficiente”.
Finalmente, llamó a la sociedad a no naturalizar la situación: “No nos acostumbremos a las injusticias ni al maltrato a los más débiles”.
