La Asociación de Amigos del Río San Antonio pidió información pública por el emprendimiento “Alta Vista Cabalango”, que se promociona en una zona incorporada al ejido de Villa Carlos Paz. La organización sostiene que el desarrollo avanzaría en un sector donde actualmente no pueden realizarse modificaciones del suelo hasta que se defina su planificación.
La Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA) expresó su preocupación por la promoción del loteo “Alta Vista Cabalango”, un emprendimiento inmobiliario que se difunde en redes sociales y que, según planteó la entidad, se ubicaría en una zona protegida comprendida dentro de la ampliación del ejido de Villa Carlos Paz.
La abogada de la organización, Marcela Fernández, explicó que la información llegó a la asociación a partir del aviso de una vecina de la zona de Cabalango. “Tomamos conocimiento por una persona que vive en la zona y algún miembro de ADARSA fue a verificarlo, recorrió los caminos de acceso y tomó algunas fotografías. También la propia empresa hace una difusión con imágenes y videos”, señaló en diálogo con VillaNos Radio.
A partir de ello, la organización presentó un pedido de acceso a la información pública ante el municipio, con el objetivo de conocer si existían autorizaciones o actuaciones administrativas vinculadas al proyecto.
El municipio respondió que no existían presentaciones ni actuaciones vinculadas al emprendimiento y que no había podido constatar la comercialización de lotes. No obstante, la letrada remarcó que la situación requiere una intervención más profunda.
“Hay una ordenanza municipal que prohíbe cualquier modificación topográfica y de uso del suelo hasta que esta zona incorporada al ejido se reglamente y se defina cómo se va a sectorizar. No estamos diciendo que toda la extensión de tierra tenga que quedar intangible, sino que tiene que haber una planificación participativa como prevé la Carta Orgánica”, sostuvo.
Desde ADARSA también advirtieron sobre una posible contradicción entre la publicidad del loteo y la información brindada por el municipio respecto de la disponibilidad de servicios.
“Nos informaron que no está previsto el servicio de agua, pero en la publicidad se ofrecen agua y luz como si todos los servicios estuvieran solucionados. Esto podría configurar una situación de publicidad engañosa”, expresó Fernández.
La abogada aclaró que, de acuerdo con la normativa vigente, cualquier intervención que no se ajuste a las regulaciones correspondientes podría constituir una actividad irregular y señaló que las autoridades municipales cuentan con facultades para inspeccionar y eventualmente sancionar.
“El municipio tiene el poder de policía para verificar, constatar, sancionar, paralizar obras, clausurar o imponer multas. Siempre le va a ser más fácil al municipio que a una ONG o a particulares”, afirmó.
El acceso a la información pública y el Acuerdo de Escazú
Otro de los puntos cuestionados por la organización fue el mecanismo utilizado por el municipio para responder el pedido de información.
Fernández sostuvo que debieron presentar una impugnación a la primera respuesta recibida al considerar que la normativa municipal invocada para regular el acceso a la información pública no se adecúa a estándares superiores en materia ambiental.
“El Acuerdo de Escazú, la legislación nacional y la ley provincial de ambiente establecen principios de máximo acceso y máxima difusión de la información pública ambiental. No se puede utilizar una normativa local para obstaculizar ese derecho”, argumentó.
La representante de ADARSA señaló además que el reconocimiento municipal de que se trata de un área protegida implica, a su entender, la necesidad de adoptar medidas preventivas para evitar nuevos avances sobre el territorio.
“Si existe una promoción, imágenes de construcciones y movimientos en el lugar, el municipio tiene herramientas legales para pedir antecedentes, inspeccionar y actuar. Así como se controla a cualquier actividad que funciona fuera de norma, debe hacerse lo mismo con grandes emprendimientos”, sostuvo.
Ante la consulta sobre las acciones futuras, Fernández explicó que ADARSA continuará evaluando alternativas dentro de las posibilidades institucionales de la entidad, especialmente en caso de que no existan avances por parte del Estado municipal.
“Nosotros estamos más limitados en la capacidad humana y económica que tiene una organización civil, pero veremos qué medidas podemos impulsar y también plantearemos estas cuestiones dentro del Consejo de Planificación”, concluyó.
