La Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata presentaron una acción preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva ante el Juzgado Federal de Río Grande. Buscan suspender el proyecto petrolero offshore “León Marino”, impulsado por las empresas Rockhopper Exploration (británica) y Navitas Petroleum Development and Production Limited (israelí).
La Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el CECIM La Plata recurrieron a la Justicia para frenar el avance del proyecto hidrocarburífero “León Marino” (Sea Lion), ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, sobre la plataforma continental argentina.
El saqueo es promovido por las empresas Rockhopper Exploration (británica) y Navitas Petroleum Development and Production Limited (israelí).
La presentación, realizada el pasado martes 01 de septiembre, solicita que se ordene la suspensión del inicio y/o continuidad de las obras vinculadas al emprendimiento, incluyendo perforaciones, movimientos del lecho marino, instalación de infraestructura, tendido de cañerías, actividades preparatorias y, posteriormente, la extracción y explotación de hidrocarburos.
En diálogo con VillaNos Radio, el abogado e integrante de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas Enrique Viale explicó que vienen siguiendo el proyecto desde hace tiempo y que la presentación fue realizada conjuntamente con los excombatientes.
“Se trata de un proyecto de extracción petrolera muy, muy grande. Si avanza se consolidaría la ocupación colonial sobre nuestras Islas y el mar”, precisó el abogado.
León Marino constituye un emprendimiento petrolero offshore de gran magnitud, con una infraestructura que incluye pozos productores y de inyección, instalaciones flotantes, oleoductos, infraestructura portuaria y logística.
“Pretenden extraer en algún momento 120.000 barriles diarios de petróleo. Es muchísimo”, graficó.
La documentación presentada ante la Justicia señala además que el proyecto ya se encuentra en sus primeras etapas de ejecución y que las empresas avanzaron en la contratación de infraestructura y servicios necesarios para la futura explotación.
Según explicó Viale, el objetivo sería comenzar la explotación a comienzos de 2028, por lo que consideran necesario intervenir antes de que avance la etapa constructiva.
“Ya está en ejecución. Son emprendimientos muy grandes, con mucha infraestructura, y están en las primeras etapas y lo que pretenden es empezar a explotar a principios de 2028, que es muy pronto. Todo 2027 es la preparación, por eso estamos pidiendo que lo frenen ahora, antes que arranque”, afirmó.
Uno de los principales argumentos de la acción judicial es que el proyecto no cuenta con una Evaluación de Impacto Ambiental ni con la correspondiente autorización ambiental del Estado argentino.
La presentación sostiene que esta ausencia impide al Estado argentino evaluar los impactos, acceder y controlar la información técnica, establecer medidas de prevención y fiscalizar las operaciones.
“No hay ningún tipo de autorización del Estado argentino. Por eso sostenemos que es un proyecto eminentemente ilegal. No tiene ningún tipo de autorización ambiental, porque esto además tiene un enorme riesgo ambiental”, señaló Viale.
Para las organizaciones, la falta de evaluación ambiental no constituye una cuestión meramente formal, sino que impide aplicar los principios de prevención y precaución frente a una actividad que consideran capaz de producir daños graves e irreversibles.
Ambiente y soberanía, dos caras de un mismo reclamo
Uno de los aspectos centrales de la presentación es la articulación entre la defensa ambiental y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos.
La acción sostiene que ambas cuestiones son inseparables, ya que el proyecto se desarrolla sobre espacios que Argentina considera parte de su plataforma continental y sobre los cuales mantiene sus reclamos de soberanía.
La presentación judicial habla en ese sentido de una “tutela ambiental soberana” y sostiene que la explotación de recursos naturales sin intervención de las autoridades argentinas afecta simultáneamente derechos ambientales y soberanos.
La demanda advierte sobre los impactos potenciales de una explotación petrolera de estas características, entre ellos derrames, contaminación, alteración del fondo marino, ruido submarino, afectación de fauna marina y emisiones de gases de efecto invernadero.
También señala que los posibles impactos podrían extenderse más allá del área inmediata del proyecto debido a la conexión ecológica del Atlántico Sudoccidental y al desplazamiento de especies marinas.
Viale calificó al proyecto como una explotación de “energía extrema” por tratarse de una operación offshore. “Es muy grande y, sobre todo, porque es offshore, que es una energía extrema, con los riesgos que eso conlleva. Es realmente muy peligroso”, afirmó.
La acción judicial incorpora otro elemento: las organizaciones buscan impedir no solamente la ejecución material del proyecto, sino también su financiamiento.
“Como tal, también estamos atacando la fuente de financiamiento. ¿Quién financia? Y esto es parte. Sin financiamiento, pues es muy grande, no hay proyecto, y vamos por eso”, explicó Viale.
Por este motivo, las medidas cautelares solicitadas incluyen restricciones sobre nuevos contratos de financiación, desembolsos, transferencias y otras operaciones destinadas a sostener económicamente el emprendimiento.
Para los actores judiciales, la explotación de León Marino podría significar una profundización de la presencia británica en las Islas Malvinas a partir de la consolidación de infraestructura y actividad económica vinculada a los hidrocarburos.
“Esto, en serio, como país tenemos que confrontarlo, porque ahí se consolidaría económicamente, e incluso de infraestructura, la ocupación sobre nuestras islas como nunca antes”, sostuvo Viale.
La presentación también vincula la cuestión ambiental con la memoria de los excombatientes y plantea que la protección del territorio incluye el resguardo de los lugares donde se encuentran enterrados combatientes argentinos.
“Gran parte de lo que estamos haciendo ahora con los excombatientes lo debería estar haciendo el Gobierno argentino”, remarcó el abogado.
La acción presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande busca ahora que la Justicia intervenga de manera preventiva y ordene la suspensión del proyecto hasta tanto se cumplan, según plantean los demandantes, las obligaciones ambientales y legales correspondientes.
