El veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica desató un nuevo capítulo en el conflicto salarial que atraviesa el Hospital Garrahan. Claudio Báez, delegado de ATE e integrante del área de registros médicos del hospital, aseguró que la medida “fue un golpe, pero no una sorpresa”.
“El veto lo tomamos mal, pero a su vez no estábamos sorprendidos. De hecho, ya estábamos preparados para afrontarlo y por eso mismo ya se había votado un paro que comenzó hoy a las 7 de la mañana y va a finalizar mañana, con la participación del personal de fines de semana”, explicó Báez en diálogo con VillaNos Radio.
El sindicalista se mostró confiado en que el Congreso rechace el veto presidencial. “Creemos que la discusión ya está saneada. Tenemos expectativas en que se va a rechazar el veto por la cantidad de votos que obtuvimos en la primera sesión parlamentaria, tanto en Diputados como en Senadores”, sostuvo.
De todos modos, Báez remarcó que la solución también debe venir desde la administración del hospital y el Ministerio de Salud. “Ponemos la importancia en lo que son las responsabilidades administrativas del Garrahan: el Consejo de Administración, el ministro Lugones y la dirección intervenida por el doctor Quiroso tienen que dar una respuesta también dentro del Estado para solucionar el conflicto salarial”, señaló.
Falta de recursos y ausencia de diálogo
Uno de los puntos centrales de la crítica es el manejo de los llamados “recursos genuinos” del hospital. “En diciembre se anunció un superávit muy importante que no se veía hace años. Hoy no sabemos a dónde fue a parar esa suma. Los recursos genuinos están congelados en 200 mil pesos desde el año pasado, aunque para los residentes se aumentaron a 500 mil después de sus reclamos. Ese dinero existe, pero no se reparte por una decisión política”, denunció.
La relación con las autoridades es prácticamente nula. “No existe diálogo y realmente es vergonzoso. No reciben a nadie, ni siquiera cuando hubo conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo. Y en reuniones extraoficiales con jefes de áreas críticas, el propio Consejo admite que no tiene autoridad y que las decisiones dependen únicamente del ministro Lugones. Entonces, ¿qué hacen cobrando seis millones de pesos?”, cuestionó Báez.
A pesar de la crisis, el hospital continúa brindando atención, aunque con dificultades. “El 90% del funcionamiento depende de los trabajadores. Seguimos con las consultas y cirugías programadas, pero con planteles reducidos. Hay noches en recuperación en las que debería haber tres enfermeras para 12 pacientes y solo hay una. Se cubren baches con el esfuerzo de los trabajadores”, describió.
Según Báez, muchos profesionales optan por pedir licencias sin goce de sueldo para trabajar en el sector privado, a la espera de que se resuelva el conflicto. “La gente no quiere renunciar al Garrahan porque siente una pertenencia muy grande. Acá se hacen cirugías y atenciones de alta complejidad que no existen en ninguna otra parte del país”, enfatizó.
El delegado rechazó los argumentos oficiales que vinculan la emergencia pediátrica con el equilibrio fiscal. “Ese pretexto ya quedó descartado por ellos mismos. Reconocen que el costo es ínfimo. Es solamente una cuestión política e ideológica que responde a otros intereses y que distorsiona las funciones que debería cumplir el presidente”, afirmó.
Por último, destacó el respaldo recibido de pacientes y de la sociedad. “Sentimos el apoyo diariamente. Los propios pacientes nos dicen: ‘no bajen los brazos, continúen con la lucha’. Falta que el poder político tome ese mensaje y lo exprese en decisiones. Si no hay un reclamo masivo, pareciera que el gobierno no escucha”, concluyó.
