El Consejo Interuniversitario Nacional resolvió presentar una acción de amparo conjunta para reclamar la inconstitucionalidad del decreto que suspendió la aplicación de la ley aprobada por el Congreso. “Un decreto no puede dejar en suspenso una ley”, advirtió Óscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y presidente del CIN.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió iniciar acciones judiciales contra el decreto del Poder Ejecutivo que frenó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por amplias mayorías en el Congreso y luego vetada por el Gobierno nacional.
“Durante todo el año pasado y este año venimos trabajando junto a los gremios, los estudiantes y las universidades en torno a esta ley que fue aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras. Cuando esperábamos que se aplicara, nos encontramos con este decreto que hace exactamente lo contrario: suspende una ley. Y eso es inconstitucional”, afirmó Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y presidente del CIN, en diálogo con VillaNos Radio.
Alpa explicó que el CIN resolvió de forma unánime avanzar con una presentación judicial conjunta. “Convocamos a una reunión en la Facultad de Derecho de la UBA (Universidad de Buenos Aires) y resolvimos presentar el reclamo de inconstitucionalidad. El lunes estaremos ingresando la demanda con las firmas de todas las universidades”, detalló.
El reclamo incluirá una acción de amparo para acelerar los plazos judiciales. “Queremos una resolución rápida, sobre todo por la situación salarial de los docentes y no docentes, que es crítica”, agregó el rector.
Crisis en salarios y funcionamiento
El titular del CIN describió una situación “grave y generalizada” en el sistema universitario. “El mismo gobierno reconoce en su decreto que los salarios docentes y no docentes perdieron más del 40% de su poder adquisitivo. Para recuperar eso, se necesitaría más de un 65% de recomposición”, señaló.
Además, advirtió que el recorte afecta el funcionamiento básico de las universidades. “En los gastos de funcionamiento se incluyen becas, comedores, transporte interno y, en algunos casos, alquileres. Hay universidades nuevas que alquilan sus edificios y hoy están en una situación aún más grave”, explicó.
También subrayó que “las becas estudiantiles no se actualizan hace dos años” y que “hoy hay becas de 35 mil pesos, un monto que no permite a los estudiantes sostenerse sin tener que salir a trabajar”.
“La pérdida de poder adquisitivo está provocando renuncias de docentes todos los meses. Eso afecta directamente la calidad del sistema universitario”, advirtió Alpa.
Presupuesto 2026: “Estamos mal y vamos a estar peor”
El CIN había elevado en agosto una propuesta de presupuesto al Gobierno nacional, estimando un mínimo necesario de 7,3 billones de pesos para sostener las universidades y aplicar la ley de financiamiento.
Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo al Congreso contempla apenas 4,8 billones, sin actualizaciones.
“El Gobierno comunicó que habría aumentos, pero eso no fue así. Se mantiene el mismo monto que las universidades reciben hoy, sin considerar la pérdida acumulada. Si ese presupuesto se aprueba, estamos mal y vamos a estar peor. Sería desastroso para el sistema”, advirtió Alpa.
El acompañamiento ciudadano y el valor de la universidad pública
Consultado sobre el respaldo social a los reclamos, Alpa destacó la masividad de las marchas universitarias federales.
“En las tres marchas vimos un acompañamiento enorme. Desde Tierra del Fuego hasta Tucumán, Mendoza y Córdoba, la sociedad salió a defender la universidad pública. Eso tiene que ver con nuestra historia y con el rol que tuvo la universidad en el ascenso social argentino”, sostuvo.
Y añadió: “Si algo distingue a nuestro país de otros en la región es su clase media, que se construyó gracias a la universidad pública. Ese es el derecho y el sueño que ningún argentino quiere que desaparezca”.
