La causa judicial por el asesinato de Jonathan Romo, ocurrida el 10 de julio de 2022 en la comisaría de La Falda, sumó un nuevo capítulo tras el intento de implementar un juicio abreviado para tres de los policías imputados. La querella que representa a la familia de Romo, denunció irregularidades y aseguró que existe la intención de evitar el juicio oral.
En diálogo con VillaNos Radio, el abogado de la familia, Gustavo Pérez, explicó el derrotero judicial que viene atravesando el expediente y cuestionó con dureza el accionar de fiscales y cámaras de la provincia.
Recordemos que la investigación comenzó en la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo en ese momento de Raúl Ramírez, quien en 2024 resolvió plantear el pedido de elevación a juicio contra seis policías involucrados. El proceso quedó trabado, entre otras razones, por el procesamiento del fiscal en una causa por faltante de drogas en la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
En mayo de 2025, la Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores moderó las acusaciones. Para Miguel Ángel Aguilera, Hernán Suárez Guevara y Walter Geri la imputación pasó de homicidio calificado a homicidio con exceso en el ejercicio de un cargo, una figura culposa con penas de uno a cinco años, muy lejos de la prisión perpetua que enfrentaban inicialmente.
También cambiaron las imputaciones de Pablo Zárate y Lucas Giménez, que pasaron de encubrimiento agravado a encubrimiento calificado por su calidad de funcionarios públicos. Mientras que a Juan Pablo Zunino le dictaron falta de mérito tras haber sido acusado de homicidio calificado.
Luego de la resolución en Villa Dolores la familia Romo quedó sin la posibilidad de recurrir en casación y el caso pasó a la Cámara del Crimen de Cruz del Eje para el desarrollo del juicio. Desde este tribunal, el presidente Javier Rojo devolvió el expediente a Cosquín al advertir que los imputados no habían sido notificados personalmente de la nueva calificación legal, aunque sí lo habían sido sus defensores.
Ya en Cosquín, el fiscal Nelson Lingua recibió a fines de octubre el pedido de juicio abreviado para Aguilera, Suárez Guevara y Geri, e intentó acordar con los defensores una condena de un año y seis meses de prisión. La querella expresó su rechazo, aunque su posición no es vinculante en dicha instancia.
El acuerdo llegó entonces al Juzgado de Control de Cosquín, que este lunes 17 de noviembre resolvió que no tiene competencia para intervenir porque la causa ya había avanzado a etapa superior. En su decisión, el juez Ramiro Núñez sostuvo: “Este tribunal ha perdido jurisdicción para expedirse y/o tramitar el asunto”. Y agregó que no puede “arrogarse una competencia que ya no tiene”.
En consecuencia remitió el expediente la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, que debe definir si avanza con el debate oral o si habilita un juicio abreviado en otra jurisdicción.
“En todo esto está el poder político”
El abogado denunció que la causa muestra una sucesión de decisiones que generan sospechas: “Vemos una cuestión en donde se trata de diluir todo este proceso. Nos hace ruido esta situación”.
Recordó también que la querella quedó sin acompañamiento del Ministerio Público Fiscal desde que el fiscal Ramírez fue apartado. “El querellante particular lo hizo solo. Estamos peleando solos contra quienes tienen la obligación de llevar adelante la acusación”.
Pérez sostuvo que existen antecedentes recientes donde causas de abuso institucional se resolvieron con mayor celeridad, mencionando los casos Blas Correas y Joaquín Paredes.
“No nos cabe ninguna duda de que en todo esto está el poder político”, afirmó. Y remarcó: “En su momento nos pidieron que no nos movilizáramos porque venían elecciones, que el caso se iba a resolver, y hoy nadie nos atiende”.
Pérez volvió a poner la mirada en el cambio de imputaciones que a lo largo del proceso judicial ha beneficiado a los policías acusados. “Tenemos plenamente demostrado que a Jonathan Romo lo mataron: fue un homicidio doloso”.
La querella sostiene que el video de la detención, la autopsia que determinó una muerte por asfixia mecánica, los testigos y las escuchas telefónicas permiten acreditar un homicidio doloso.
El cambio de calificación también implica que el juicio, de llegar a realizarse, ya no contará con jurados populares, un punto que el abogado considera clave: “La valoración que haga la ciudadanía es importantísima. Esto era un homicidio doloso por abuso institucional”.
La Cámara de Cruz del Eje deberá resolver ahora si acepta avanzar con el juicio abreviado o si fija fecha para el debate oral y público, como reclama la familia de Romo. “Creemos que con lo que hay en el expediente no se puede ir a un juicio abreviado”, afirmó Pérez.
