En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la ciudad de Villa Carlos Paz fue escenario de una única convocatoria central impulsada por la Comisión en Defensa de los Derechos Humanos, ante la ausencia de actos oficiales por parte del municipio.
La actividad se desarrolló en la Plazoleta de la Memoria, ubicada en la rotonda oeste del puente Cassafousth, y contó con la participación de organizaciones sociales, sindicales, organismos de derechos humanos y algunas instituciones educativas. Desde la organización destacaron la importancia de “territorializar la memoria”, poniendo nombre y rostro a las personas desaparecidas de la ciudad y la región durante la última dictadura cívico-militar.
Si bien el Concejo de Representantes realizó su habitual sesión conmemorativa —en cumplimiento de una ordenanza vigente—, esa fue señalada como la única acción institucional en la ciudad vinculada a la fecha.
Discursos con eje en memoria, presente y organización
Durante el acto, distintas voces coincidieron en vincular la memoria histórica con problemáticas actuales. Uno de los oradores fue Luis Farías, referente del movimiento de jubilados de Punilla, quien destacó la persistencia de la organización sectorial y convocó a continuar las protestas semanales en defensa de derechos sociales.
Farías sostuvo que las luchas actuales deben articularse “en todos los frentes, pero fundamentalmente en las calles”, y trazó un paralelismo entre las políticas económicas de la dictadura y las condiciones actuales de los sectores más vulnerables. Su intervención cerró con una consigna que resonó entre los presentes: “Son 30.000 jubilados los que faltan. Son 30.000, hoy y siempre. Nunca más”.
Por su parte, Juan Pablo Pozzi, secretario general de ATE Regional Cruz del Eje-Punilla e integrante de la CTA Autónoma, aportó un testimonio personal al relatar que sus padres fueron secuestrados y torturados en 1976. En su discurso, remarcó la necesidad de sostener la memoria como herramienta política y social.
“El sueño ya lo tuvieron nuestros compañeros desaparecidos. Lo que tenemos que hacer hoy es organizar ese sueño y hacerlo realidad”, expresó, al tiempo que advirtió sobre la vigencia de políticas económicas que, según señaló, remiten a las implementadas durante la dictadura.
Otro de los momentos destacados fue la intervención de Gustavo TisSera, integrante de la Comisión Provincial de la Memoria y de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Tisera insistió en la necesidad de avanzar en el esclarecimiento del destino de las víctimas.
“El camino hacia la verdad completa requiere que se rompa el pacto de silencio de los genocidas”, afirmó, y reclamó información sobre el paradero de personas desaparecidas y de nietos apropiados.
Además, hizo referencia a recientes hallazgos en el sitio conocido como Loma del Torito, donde se recuperaron fragmentos óseos que permitieron identificar a algunas víctimas. Sin embargo, advirtió que la búsqueda está lejos de concluir y convocó a la sociedad a colaborar, especialmente mediante aportes al banco genético.
Un documento con críticas a la realidad local
El acto culminó con la lectura de un documento consensuado por la Comisión Organizadora, en el que se enumeraron tanto los nombres de personas desaparecidas vinculadas a la ciudad como diversas problemáticas actuales.
Entre los puntos señalados, se denunciaron situaciones de persecución a trabajadores informales, el traslado forzado de personas en situación de calle, y cuestionamientos al Código de Convivencia local por su carácter “recaudatorio”.
También se incluyeron reclamos por falta de justicia en casos emblemáticos como los de Andrea Castana y Cecilia Basaldúa, así como críticas a políticas ambientales, señalando el deterioro de áreas protegidas y problemas en la calidad del agua y el sistema cloacal.
“El aprendizaje de estos años es que la lucha es colectiva”, concluyó el documento, que reafirmó el compromiso de los organismos de derechos humanos con la memoria, la verdad y la justicia, al cumplirse 50 años del golpe de Estado.
