En medio de un nuevo debate impulsado desde el Gobierno provincial para prohibir la actividad de “naranjitas” y cuidacoches, trabajadores organizados en cooperativas salieron a cuestionar la iniciativa y a plantear que detrás de la medida existe un intento de avanzar hacia la privatización del sistema de estacionamiento controlado.
La discusión no es nueva. El año pasado ya se había intentado incluir la prohibición dentro de una reforma del Código de Convivencia, aunque finalmente no prosperó. Ahora, la propuesta vuelve a escena y reabre el conflicto en torno a una actividad que involucra a miles de trabajadores en la ciudad de Córdoba.
En diálogo con VillaNos Radio, Noel Quinteros, referente de la cooperativa Tosco Vive, sostuvo que el enfoque punitivo no resolverá los problemas de fondo y apuntó contra la falta de regulación estatal. “El Código de Convivencia vigente lleva cerca de ocho años y no se ha aplicado. Este problema no se soluciona con una prohibición, sino con políticas públicas que ordenen la actividad”, afirmó.
Quinteros reconoció que existen situaciones de violencia vinculadas a cuidacoches, pero aseguró que esos casos se concentran en sectores no regulados. En ese sentido, destacó el rol de las cooperativas: “Cuando el trabajo está organizado, con reglas claras y respaldo, esos hechos no ocurren. Nosotros prestamos un servicio y construimos un vínculo con la comunidad”.
Desde el sector también denuncian una “falta de diálogo” con las autoridades. Según el dirigente, hace más de un año no son recibidos por el área de tránsito y las tarifas permanecen desactualizadas, lo que agrava la precariedad laboral. “Hay una desregulación total que termina generando el problema que después se quiere atacar con prohibiciones”, señaló.
Uno de los puntos centrales del reclamo es el impacto social de la medida. De acuerdo con Quinteros, entre dos mil y tres mil puestos de trabajo podrían verse afectados. “Estamos hablando de personas que encontraron en esta actividad una forma de subsistencia. No surgieron de la nada, son el resultado de políticas que excluyeron del mercado laboral formal”, sostuvo.
Además, el referente planteó que el sistema de estacionamiento controlado tiene una larga historia en la ciudad y que fue impulsado originalmente por trabajadores informales que luego se organizaron. “Los propios trabajadores crearon y sostuvieron este servicio durante décadas. Hoy se pretende quitarles esa fuente de trabajo”, indicó.
En esa línea, advirtió que la prohibición podría ser el paso previo a un cambio de modelo. “Se construye un discurso que criminaliza la actividad y luego se presenta la privatización como solución. Ya ha pasado antes”, afirmó.
Como alternativa, desde las cooperativas proponen fortalecer el sistema actual mediante la regularización, la incorporación de tecnología y la ampliación de derechos laborales. Incluso aseguran haber desarrollado proyectos junto a la Universidad Nacional de Córdoba para modernizar el servicio.
El debate, que combina cuestiones de seguridad, trabajo e intervención estatal, promete intensificarse en las próximas semanas. Mientras tanto, las organizaciones de trabajadores insisten en que cualquier solución deberá contemplar su inclusión. “Lo que se discute es qué tipo de ciudad queremos: una que excluya o una que integre”, concluyó Quinteros.
