En el marco de una jornada nacional para reclamar la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, profesionales, familiares y organizaciones vinculadas al sector se movilizaron este jueves en distintos puntos del país. En la provincia de Córdoba, el epicentro de la protesta tuvo lugar en la Plaza San Martín de la capital, donde se concentraron trabajadorxs, familias e instituciones del área para exigir a la Cámara de Diputados que avance con el tratamiento del proyecto.
“Es urgente el tratamiento de esta ley. Hemos llegado a un punto de inflexión donde los profesionales, los transportistas y todas aquellas personas que brindamos servicios a los pacientes con discapacidad no podemos sostener más”, expresó Gabriela Pensa, directora del Centro de Rehabilitación Neurológica CARDEA de Villa Carlos Paz.
Según explicó la profesional, los valores de las prestaciones están regulados por un nomenclador nacional “que no aumenta desde diciembre del año pasado”. A eso se suma una demora de entre 60 y 90 días en los pagos por parte de las obras sociales. “La situación ya es insostenible. Nosotros sostenemos desde nuestra vocación un sistema que ya está quebrado”, afirmó.
Por primera vez en sus 18 años de trayectoria, el centro CARDEA cerró sus puertas para sumarse a una movilización. “Lo vivimos con mucha tristeza, porque nuestro compromiso es con las personas con discapacidad. Siempre tratamos de achicar nosotros para que no impacte directamente en el paciente ni en sus familias, pero ya no se puede más”, señaló Pensa.
El retraso en los pagos y la falta de actualización de los aranceles también afecta la calidad de la atención. “Los profesionales no pueden formarse, no pueden capacitarse. Es cantidad y calidad lo que se está afectando. Y cuando los servicios se deterioran, las quejas recaen sobre nosotros, pero en realidad el problema es estructural”, advirtió la directora.
Además destacó además que, ante la falta de respuesta, muchos prestadores ya están dejando de trabajar en discapacidad para dedicarse a otras áreas mejor remuneradas. “El día que no podamos más y se cierren estas instituciones, el sistema va a colapsar, porque no hay un espacio público que pueda reemplazar lo que hoy ofrecemos”, alertó.
Al ser consultada sobre qué mensaje le daría a los diputados y diputadas que deben tratar la ley, Penza fue clara: “Primero que se informen. Hay mucha desinformación al momento de tratar estos temas tan específicos. Una decisión por desinformación puede traer una consecuencia devastadora para una parte muy importante de la población del país”.
La jornada federal por la emergencia en discapacidad tuvo como principal objetivo visibilizar una problemática que, aunque afecta a miles de personas, permanece muchas veces invisible para la agenda política. Como concluyó Penza: “Mientras nosotros lo sigamos sosteniendo y no se visibilice esta situación, el problema parece ser solo nuestro. Por eso estamos hoy acá”.
