Entre abrazos y lágrimas. Así celebraron las familias denunciantes la posibilidad de imputación del sacerdote Alejandro Nicola, señalado en los testimonios como uno de los responsables de los abusos sexuales que habrían ocurrido en el jardín de Infantes Niño Dios, en Villa Carlos Paz.
El sacerdote fue citado a comparecer en los términos del artículo 80 del Código Procesal Penal, y la fiscalía dispuso nuevas pericias psiquiátricas y psicológicas sobre su persona. Así lo confirmó a VillaNos Radio la abogada Macarena Martín Ubiergo, representante de una de las familias denunciantes.
Según explicó la letrada, la convocatoria no implica todavía una imputación formal, pero constituye una instancia previa de importancia dentro del proceso. “Recién hoy nos respondió la fiscalía. No directamente que lo ha imputado, pero sí que lo citan a comparecer en virtud del artículo 80 del Código Procesal Penal”, señaló Martín Ubiergo.
Y precisó: “Eso implica que, cuando vos estás investigado o ya vas a ser imputado, tenés que comparecer con un abogado, designar un abogado defensor para que justamente te represente en la causa”.
Para la abogada, se trata de un avance significativo después de meses de reclamos. “Si bien no han determinado o decretado de manera directa la imputación, ya es el paso previo para que te notifiquen de tu imputación”, sostuvo.
Consultada sobre si hasta ahora el sacerdote había sido convocado a declarar, fue categórica: “Jamás. Nunca. Así que la verdad que es un gran avance”.
Como parte de las medidas dispuestas en el expediente, también se conoció que este viernes la fiscal Jorgelina Gómez ordenó la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas sobre Alejandro Nicola.
La medida prevé la intervención interdisciplinaria de profesionales forenses para evaluar el estado de sus facultades mentales, posibles alteraciones de orden psiquiátrico y su capacidad para comprender la criminalidad del hecho investigado durante el período bajo análisis.
También se deberá determinar si representa un riesgo grave, cierto e inminente para sí mismo o para terceros.
Además, se dispuso una pericia psicológica complementaria orientada a evaluar su estado cognitivo y emocional actual, su nivel intelectual, la estructura de personalidad, características vinculadas a su personalidad sexual y posibles indicadores de ocultamiento, fabulación o impulsividad relacionados con el hecho investigado.
Nutrida convocatoria frente a Tribunales
La novedad de la citación al sacerdote se dio a conocer en medio de la movilización convocada por las familias este viernes frente a los Tribunales de Villa Carlos Paz. Con carteles con diferentes consigas, las familias y personas autoconvocadas exigieron al Poder Judicial celeridad y avances concretos en la causa que ya reúne cinco denuncias, todas bajo la órbita de la Fiscalía N°3 a cargo de Jorgelina Gómez.
La protesta no fue un hecho aislado, sino la continuidad de un reclamo que comenzó con las primeras denuncias, se fortaleció con una movilización realizada en mayo desde el Reloj Cucú hacia el establecimiento educativo, y ahora se trasladó directamente a Tribunales con un pedido más concreto: que la investigación avance hacia definiciones procesales.
Gustavo y Fernanda, integrantes de una de las familias denunciantes, expresaron la mezcla de alivio, cautela y expectativa con la que recibieron la noticia. “La verdad que esto pasó hace cinco minutos. Nos alegra, nos llega un poco de esperanza, ya que todo esto venía tan trabado y ni siquiera nunca lo habían llamado a declarar”, señaló Gustavo.
Además remarcó que, después de meses de reclamo, la citación aparece como una primera respuesta judicial. “Esto ya para nosotros es algo. Es una respuesta de la Justicia que tanto pedimos”, afirmó.
Fernanda, por su parte, admitió que la noticia la tomó por sorpresa. “Estoy sin palabras. No caigo todavía. Después de tanta lucha, recibir una buena noticia por fin alivia un poco”, sostuvo.
Las familias denunciantes reclamaban medidas concretas en la causa al enterarse del viaje al exterior que el sacerdote señalado tiene previsto para el 26 de junio. Consultada sobre las consecuencias que podría tener una imputación formal en ese contexto, Martín Ubiergo explicó que, si esa situación procesal se concretara, la fiscalía tendría herramientas para adoptar medidas restrictivas.
“De quedar imputado, en principio la fiscalía ya tendría la posibilidad de tomar las medidas pertinentes para evitar la salida del país de esta persona”, indicó.
Según la abogada, esa posibilidad se vincula con el eventual riesgo de fuga, aunque aclaró que todavía no hay una fecha fijada para la comparecencia. De todos modos, estimó que podría concretarse durante la próxima semana.
Cinco denuncias, cámaras Gesell y pericias
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 3 de Villa Carlos Paz, encabezada por Jorgelina Gómez. Allí fueron acumuladas todas las denuncias vinculadas a presuntos hechos ocurridos en el ámbito del jardín.
Hasta el momento, según la información conocida públicamente, no se informó una imputación formal. La causa continúa con testimonios, pericias y otras medidas probatorias, mientras se mantienen restricciones de contacto respecto del sacerdote señalado.
Una de las novedades de los últimos días fue la incorporación de una quinta denuncia, que se suma a las cuatro anteriores. Según trascendió, correspondería a un niño del turno mañana cuya familia no tendría relación con los denunciantes previos.
Martín Ubiergo confirmó además que ya se realizaron tres cámaras Gesell y que restan otras dos. También indicó que se concretaron algunas pericias psicológicas sobre niños involucrados, aunque todavía falta completar esa parte del proceso.
La abogada también explicó que el pedido presentado ante la fiscalía no se limita a la situación del sacerdote señalado. Según detalló, dentro de la solicitud de imputación pidieron que se amplíe la investigación hacia otras personas que podrían haber tenido algún grado de responsabilidad en los hechos o en el manejo institucional posterior.
“Hemos hecho la solicitud de que se amplíe la investigación al resto de las personas que consideramos podrían estar vinculadas en todos estos hechos, ya sea que se responsabilicen por acción o por omisión”, explicó.
Y agregó que la posible responsabilidad por omisión apunta a quienes pudieron haber tomado conocimiento de situaciones graves y no actuaron en consecuencia. “No haber tomado ninguna medida y no haber activado ningún protocolo correspondiente ante la denuncia de hechos de tanta envergadura”, precisó.
En esa línea, las familias también vienen reclamando que se investigue el rol de autoridades institucionales y el tratamiento inicial que se dio a las denuncias. Así lo expresó Georgina, otra de las mamás denunciantes: “La respuesta de la escuela siempre fue que allí no había pasado nada. Nunca hubo un mensaje de ‘estamos investigando qué ocurrió y nos ponemos a disposición’. Se esperaba la actuación de la Justicia y nada más”, cuestionó.
Y añadió: “No es solamente el responsable directo de los hechos. Hay una cadena de responsabilidades que debe investigarse: por qué no se aplicaron protocolos, por qué no se detectaron determinadas situaciones y por qué no se acompañó de otra manera a las familias”, expresó.
La mujer también hizo referencia al proceso que atraviesan los niños y las familias luego de situaciones traumáticas, y remarcó la importancia del acompañamiento profesional.
“El niño no llega a su casa y cuenta todo lo que le pasó. Es un proceso que lleva tiempo, en el que aparecen señales que pueden ser angustia, miedos, cambios de conducta, dificultades para dormir o retrocesos en aprendizajes que ya habían adquirido. Por eso es fundamental buscar ayuda”, explicó.
En su caso particular, contó que comenzaron a advertir cambios en su hijo cuando se acercaba el inicio del nuevo ciclo lectivo.
“Mi hijo no quería volver al jardín, tenía mucha angustia y empezó a decir que tenía miedo. Fue la primera vez que pudo poner en palabras una emoción concreta vinculada al colegio. Ahí decidimos no enviarlo nuevamente a la institución, cambiarlo de establecimiento y comenzar un tratamiento terapéutico”, relató.
Además, señaló que los relatos de los niños suelen aparecer de manera gradual. “No cuentan un relato completo el primer día. A veces pasan semanas y aparece algo nuevo. Por eso es tan importante que las familias busquen ayuda profesional para acompañarlos”, indicó.
En paralelo al avance de la causa, el Arzobispado de Córdoba dispuso en los últimos días nuevas medidas institucionales.
El cardenal Ángel Sixto Rossi ordenó el cese preventivo de Alejandro Nicola en su oficio de párroco de la parroquia Niño Dios, por razones de índole pastoral, aunque aclaró que esa decisión no implica un adelanto de opinión sobre los hechos que investiga la Justicia.
Además, tras la renuncia del representante legal del Centro Parroquial Margarita A. de Paz, Luciano Freytes Varela, se informó que asumirá en ese cargo Guillermo Buitrago. En reemplazo de Nicola como administrador parroquial fue designado el presbítero Pablo Nassif, actual párroco de Nuestra Señora del Carmen, también de Villa Carlos Paz.
Para las familias denunciantes, esas decisiones llegaron tarde y fueron consecuencia de la presión social.
“Inicialmente el apartamiento de esta persona fue una burla por parte del arzobispo, porque no podía acercarse al jardín y a la primaria, pero podía seguir en la secundaria, seguir viviendo dentro de la institución y dando misa dentro de la institución”, cuestionó Gustavo.
Sobre la nueva medida, consideró que ahora sí implica un apartamiento más concreto, aunque volvió a remarcar su malestar por los tiempos institucionales. “Lo tomamos como algo absolutamente tarde y que es por la presión social, no por otra cosa”, sostuvo.
También se refirió a la renuncia del representante legal, a quien las familias venían cuestionando por el manejo inicial de la situación.
“Sabemos que también es él quien omitió muchas veces la toma de denuncia de los padres, las primeras y las segundas denuncias. Miró para otro lado, no activó protocolos”, afirmó.
“Los abusos no son solamente un pecado, son un delito y debe actuar la Justicia civil”
En la manifestación frente a Tribunales también estuvieron presentes representantes de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina. Se trata de una organización civil y federal conformada por personas que sufrieron violencia y abusos sexuales por parte de miembros del clero católico. Funciona de manera independiente a cualquier institución religiosa y tiene como objetivo principal brindar contención, asesoramiento legal y visibilización pública a las víctimas.
Daniel Vera es referente de esta agrupación y, en diálogo con VillaNos Radio destacó la importancia de la organización colectiva para sostener el reclamo de justicia. “Hay veces que cuando uno tiene que hacer una denuncia y detrás está la Iglesia, mucha gente no se anima a apoyar o duda. Que haya una organización o personas detrás siempre ayuda a que sea mejor, a que las familias se sientan más acompañadas”, sostuvo.
La red tomó contacto con las familias desde los primeros momentos de la causa y cuatro de ellas forman parte actualmente de la organización. “Siempre nuestra forma de actuar es solidarizarnos y ponernos a disposición de la familia. Nuestra tarea en Argentina es apoyar y compartir nuestra experiencia, una experiencia difícil, pero que puede servir para ayudar en la lucha y ser un soporte, porque una de nuestras consignas más sentidas es ‘nunca más solos’”, expresó.
Durante su intervención pública, Vera hizo hincapié en la necesidad de diferenciar el concepto religioso de pecado de la dimensión penal de los abusos. “Para nosotros es clave decir que los abusos no son solamente un pecado, son un delito. La Iglesia tiene como modo de actuar resaltar que es un pecado, y un pecado se puede exculpar con el perdón. Pero estamos hablando de un delito y debe actuar la Justicia civil”, señaló.
En esa línea, cuestionó la actuación de la justicia eclesiástica y afirmó que “no tiene ningún sentido que la justicia de la Iglesia actúe” frente a estos hechos, al tiempo que consideró que la institución religiosa “debería tener la obligación de realizar las denuncias ante la Justicia”.
Asimismo, aclaró que el planteo de la red no está dirigido contra las creencias religiosas sino contra los delitos de abuso. “No estamos contra la fe de nadie, sino contra el delito de cualquiera. No estamos diciendo que la gente no crea o no vaya a misa; cada uno puede hacer lo que quiera, pero también hay que actuar en consecuencia”, manifestó.
Vera también vinculó estos casos con lo que definió como una relación de connivencia entre la Iglesia y el Estado, y aseguró que la existencia de una estructura institucional poderosa genera mayores dificultades para que los hechos de abuso sexual infantil salgan a la luz y sean investigados.
Finalmente, destacó el respaldo social que recibieron las familias durante la movilización en Carlos Paz y sostuvo que el acompañamiento comunitario es indispensable para avanzar en los procesos de justicia.
“Estamos muy contentos porque vimos mucha gente acompañando. El apoyo de la comunidad es prácticamente todo. Como siempre decimos, la salida es colectiva y la única forma de encontrar justicia es peleando de manera colectiva”, concluyó.
