La movilización se realizará este miércoles en distintos puntos del país. En Córdoba, la convocatoria será a las 12.30 en Plaza San Martín. Desde la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras por la Inclusión alertan sobre el deterioro de las políticas públicas para el sector y reclaman respuestas de los tres poderes del Estado.
Organizaciones de personas con discapacidad, familiares, prestadores y trabajadorxs del sector realizarán este miércoles una jornada federal de protesta para reclamar el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y denunciar el deterioro de las políticas públicas destinadas a garantizar derechos.
En Córdoba, la convocatoria tendrá lugar a las 12.30 en Plaza San Martín. Además, habrá actividades en distintos puntos del país, incluyendo una movilización hacia los tribunales federales de Comodoro Py.
Julia Domínguez, integrante de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras por la Inclusión, sostuvo que el sector atraviesa una situación crítica y advirtió sobre las consecuencias del desmantelamiento de organismos y programas vinculados a la discapacidad.
“Tenemos una situación institucional mucho más endeble. La institucionalidad con la que el sector de discapacidad podía direccionar programas y políticas públicas ha sido desmantelada”, afirmó en diálogo con VillaNos Radio.
La dirigente recordó que el reclamo por la emergencia en discapacidad comenzó en 2024, cuando distintas organizaciones impulsaron proyectos legislativos para enfrentar el deterioro de las prestaciones y garantizar el cumplimiento de los derechos ya reconocidos por la normativa vigente.
“Nos encontramos en un escenario donde una ley creada para que se cumplan las leyes de discapacidad tampoco se está cumpliendo. Y este paraguas legal vence a fin de año”, señaló.
Domínguez consideró que la situación actual excede la discusión sobre financiamiento y afecta la estructura institucional que sostenía las políticas públicas para el sector. “No existe la institucionalidad que conocíamos. Todo lo que estaba funcionando dependiendo de esos organismos pasó a otras áreas o quedó desarticulado”, expresó.
En ese marco, alertó sobre el impacto que la crisis tiene tanto en las personas con discapacidad y sus familias como en los trabajadores y prestadores que brindan apoyos y servicios.
“Estamos viendo una situación muy desesperante. Muchas familias sienten impotencia y angustia. Y quienes trabajamos en discapacidad también estamos atravesando enormes dificultades para sostener nuestras tareas”, manifestó.
En este sentido, afirmó que se está haciendo “necropolítica”. “Por más duro que suene, cuando se toma responsabilidad en quitarle sustentos vitales a las personas que están en situación vulnerable y que no pueden gestionarlo por ningún otro medio, es un genocidio por goteo. Nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo porque era el miedo que teníamos a que eso suceda, y lo empezamos a vivir. Es muy duro, pero tenemos que empezar a nombrar estas cosas”, dijo.
Y remarcó: “Es un genocidio porque les está quitando sustentos vitales a gente que no tiene donde recurrir. Son personas con discapacidades muy severas, con familias muy humildes”.
Durante la entrevista, Domínguez también hizo referencia a las acciones judiciales impulsadas por organizaciones y particulares vinculados al sector, entre ellas amparos y denuncias presentadas por personas con discapacidad y familiares.
Según explicó, algunas de estas iniciativas buscan que la Justicia intervenga frente a situaciones que consideran violatorias de derechos reconocidos por la legislación vigente.
“Hay compañeros que han llevado adelante acciones judiciales y denuncias porque entienden que no pueden quedarse de brazos cruzados frente a esta situación”, indicó. Asimismo, destacó el rol de quienes impulsan reclamos administrativos y judiciales para garantizar coberturas y prestaciones que consideran esenciales.
Más allá de las demandas institucionales, la referente destacó que la jornada busca también fortalecer los vínculos entre organizaciones, trabajadores, personas con discapacidad y familiares en un contexto que describió como de fuerte desgaste social y emocional.
“Tenemos que acordarnos de que nadie se salva solo. Este encuentro fue pensado por compañeros con discapacidad y nosotros funcionamos como lo que tenemos que ser: sistemas de apoyo para que puedan defender sus derechos”, afirmó.
La convocatoria en Córdoba se desarrollará luego de la tradicional ronda de jubilados en Plaza San Martín, un espacio que distintos colectivos sociales vienen compartiendo en los últimos meses.
“Seguimos en pie de lucha, pero es importante que no falte nadie. Tenemos que escucharnos, organizarnos y resistir”, concluyó Domínguez.
La movilización se realizará a pocos días de cumplirse un año de la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en un contexto marcado por reclamos de organizaciones que exigen su plena implementación y la continuidad de políticas públicas destinadas a garantizar la inclusión y el acceso a derechos.
