Desde la CTA Autónoma Regional Punilla Sur y el merendero Madre Tránsito de Cabanillas cuestionaron el accionar de personal de Seguridad Urbana y la Policía durante un operativo realizado en un sector del barrio Colinas en Villa Carlos Paz. Según denunciaron, se retiraron materiales de construcción y se amenazó con desalojar a familias en situación de vulnerabilidad.
Daniela Abregú, secretaria general adjunta de la CTA Autónoma Regional Punilla Sur y referente del merendero Madre Tránsito de Cabanillas, relató en diálogo con VillaNos Radio lo ocurrido el sábado pasado en un sector de barrio Colinas, detrás del sector conocido como “Lotes H”. Allí la organización se encontraba realizando una actividad de huerta comunitaria junto a una familia.
“Cuando estábamos en esa actividad llegó un móvil. Uno de los policías vino y nos preguntó qué estábamos haciendo. Le informamos que estábamos construyendo una huerta comunitaria. Después de eso vimos que vinieron cinco móviles de Seguridad Urbana. Ellos pasaron de largo y fueron a desalojar a un chico que estaba un poco más arriba. Sacaron unos palos, unos nylon y demás, y pasaron con todo para abajo. Eso delante nuestro”, relató la mujer.
Posteriormente, vecinos de la zona les informaron que personal de Seguridad Urbana había ingresado a una vivienda cercana. Allí les cortaron los alambres que la rodeaban y retiraron materiales de construcción. “Se llevaron ladrillos block que estaban empaletados. Los vecinos fueron a tratar de frenar esa situación y en ese momento les dijeron que ellos tenían orden de desalojar, que les iban a pasar con la topadora por encima de todos. Esas palabras son las que nos transmitieron a nosotros la gente de ahí. Hay un vídeo donde sale el personal de Seguridad Urbana cargando los materiales de construcción en el móvil”, describió.
La situación también alcanzó a la familia junto a la cual se había realizado la huerta comunitaria. Después de que la organización se retirara del lugar, personal de Seguridad Urbana habría concurrido nuevamente a la vivienda para comunicarles que debían abandonar el espacio.
“Le dijeron que tenían que abandonar el lugar en unos días, porque si no iban a venir y los iban a sacar con chicos y todo”, relató. En esa vivienda habita una mujer junto a sus seis hijos y se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad.
Abregí también denunció que a la mujer le habrían advertido que, si reclamaba, podían quitarle a sus hijos. “Le dijeron que como que si querían reclamar o se hacían los vivos o algo así, le dijeron que le podían sacar los niños a la chica”, sostuvo.
Ante esta situación, desde la organización calificaron el procedimiento como un “abuso de autoridad”. “Somos personas humildes de la zona sur de Villa Carlos Paz y hace 11 años que trabajamos socialmente con nuestro merendero y nos parece un abuso de autoridad ese accionar”, expresó.
Son alrededor de 35 familias
La referente de la CTA Autónoma explicó que en el sector viven aproximadamente 35 familias. Algunas construyeron pequeñas viviendas de material con sus propios recursos, mientras que otras permanecen en construcciones precarias de nylon o plástico.
“Hay algunos que tienen sus casitas de material, que las han ido fabricando de a poquito, con los pocos recursos que tienen, y hay otras personas que están en viviendas de nylon, en viviendas de chapas de plástico. Es una situación muy vulnerable por la que están pasando”, describió.
La dirigente remarcó que las familias buscan regularizar su situación y acceder a una vivienda digna. “Son todas personas trabajadoras, todas personas que quieren salir adelante, que quieren progresar. No son delincuentes, son personas que simplemente viven en una situación de vulnerabilidad”, sostuvo.
Y agregó: “Lo que ellos quieren es estar legales, tener su casita, pagar impuestos, pagar la luz, pagar el agua, quieren tener esa posibilidad”.
Según indicó, algunas familias llevan hasta diez años viviendo en el lugar, mientras que otras están allí desde hace siete o cinco años. “La mayoría son nativos de Carlos Paz, o familias que hace mucho tiempo que viven aquí en Carlos Paz. O sea que son todos ciudadanos carlospacenses. La identidad carlospacense también son parte de ellos, no sólo la élite”, afirmó.
Desde la organización aclararon que su acompañamiento no implica avalar las usurpaciones. En este sentido remarcó que existen programas nacionales y provinciales de vivienda que deben ser gestionados por el municipio para atender la problemática habitacional.
“Nosotros no estamos a favor de la usurpación. Solamente estamos a favor de que las políticas públicas se ocupen de todas estas personas que tienen problemas habitacionales”, explicó.
En ese sentido, planteó que las familias no pueden quedar en la calle mientras esperan una respuesta estatal. “No se puede, mientras ellos esperan esa solución que tiene que venir del Estado, no se puede echar a todas las familias a la calle mientras esperan esa solución”, señaló.
Además remarcó que el municipio tiene la responsabilidad de brindar una respuesta habitacional y hacerlo sin hostigamiento. “Quienes tienen la obligación de darles una solución son los municipios”, sostuvo, y reclamó que se actúe “de una forma coherente y sin hostigar, sin maltratar a la gente que encima que ya vive en una situación de vulnerabilidad se convierten en víctimas en estas situaciones”.
