En un contexto marcado por los ajustes y recortes en salud pública, el gobierno de Javier Milei tomó la decisión de disolver las coordinaciones nacionales que trabajaban en la prevención de enfermedades como la tuberculosis, hepatitis y lepra. Esta medida, acompañada por despidos masivos en hospitales emblemáticos como el Posadas y el Bonaparte, ha generado preocupación en el sector sanitario y entre la ciudadanía.
Jorge Yabkowski, secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), dialogó con VillaNos Radio sobre las implicancias de estas decisiones. Según explicó, la disolución de estas coordinaciones ocurre en el marco de un ajuste más amplio que afecta a 60 secretarías, direcciones y programas del Ministerio de Salud. Entre ellos, se encuentran iniciativas clave como el programa de prevención del embarazo adolescente, que logró una significativa reducción de estos casos en los últimos años gracias a políticas integrales de educación sexual y acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
“La decisión es ideológica. Aplicaron recortes masivos, fijando 1.400 despidos, y dejaron al Ministerio con estructuras desmanteladas. En el Hospital Sommer, que tiene una larga trayectoria en la atención de la lepra, se despedirá al 15% de su planta; en el Bonaparte, al 30%. Esto no es solo un ajuste fiscal, también busca trasladar la atención sanitaria a provincias y municipios, desentendiendo al Ministerio de su responsabilidad constitucional”, explicó Yabkowski.
Impacto en la salud pública: aumento de enfermedades prevenibles
El impacto de estas medidas podría ser alarmante en el corto y mediano plazo. Según Yabkowski, ya en el período 2023-2024 se registraron 2.000 casos nuevos de tuberculosis, pasando de un promedio de 12.000 a 14.000. Sin políticas de prevención ni tratamientos adecuados, enfermedades como tuberculosis, hepatitis y VIH están destinadas a aumentar. “Estas enfermedades están asociadas a la pobreza y la falta de prevención. Con el aumento de la pobreza, las cifras solo empeorarán”, advirtió.
El dirigente de FESPROSA también alertó sobre un proceso de privatización encubierta que ya se está viendo en algunas provincias y como ejemplo citó el arancelamiento que promueve el municipio de Villa Carlos Paz, cobrándoles la atención a las personas que no son residentes en la ciudad. “La salud está dejando de ser un derecho universal para convertirse en una mercancía. Este ajuste es integral y apunta a desmantelar no sólo la salud, sino también la educación y el medio ambiente”, señaló.
Además, criticó la complicidad de los gobiernos provinciales y municipales, que en 2024 recibieron un 18% menos de transferencias de coparticipación. Aunque muchos terminaron con superávit, lo hicieron aplicando recortes y despidos, lo que afecta directamente a la calidad de los servicios.
El desafío de la movilización social
Ante este escenario, la resistencia popular se presenta como una herramienta fundamental para revertir las políticas de ajuste. Yabkowski destacó las movilizaciones realizadas, como el abrazo al Ministerio de Salud, que reunió a 6.000 personas y 100 organizaciones en defensa de las políticas públicas. Sin embargo, reconoció que la respuesta del gobierno fue redoblar los recortes.
“La movilización social está complicada. Muchas centrales sindicales están priorizando intereses políticos antes que la defensa de los derechos de los trabajadores. Necesitamos construir un frente social amplio que articule a los distintos sectores y refuerce la lucha”, afirmó.
En este sentido consideró que aún hay sectores de la sociedad que no dimensionan la gravedad de la situación. “Hay un efecto ilusorio de que este ajuste puede traer reactivación económica, pero sabemos que estas políticas tienen fecha de vencimiento. Mientras tanto, necesitamos mantener la templanza y la organización para construir la fuerza social que revierta este ataque contra la salud y los derechos de la población”, concluyó.