La Asociación Civil de barrio Villa Parque San Miguel advirtió que está siendo víctima de “una cadena de aprietes por parte del municipio”, según lo expresó en diálogo con VillaNos Radio, Gabriel Napal, su presidente. El último episodio de amenazas tiene como protagonista a Esteban Avilés, ex intendente, líder de Carlos Paz Unido y actual funcionario provincial a cargo de la Agencia Córdoba Turismo.
El barrio Villa Parque San Miguel fue añadido al ejido municipal en su última ampliación. Debido a que su incorporación es reciente, no cuenta con centro vecinal. Por ende, la representación de lxs vecinxs la ejerce una Asociación Civil inscripta y regulada por Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) de la Provincia de Córdoba.
Este sábado, 30 minutos antes de que se concrete virtualmente una asamblea ordinaria, se incorpora Avilés a un grupo de vecinos del barrio (donde participan socios y no socios de la organización vecinal) demandando la cancelación de la asamblea, “que está con todos los papeles presentados en IPJ como marca las reglamentaciones”, señaló Napal. Vale mencionar que el ex intendente no es socio y tiene una deuda de hace 7 meses con la asociación.
La particularidad de esta entidad es el capital que posee. Al ser prestadora de agua del barrio con una autorización de la provincia desde los años ’80 cuenta con terrenos, tanques, salas de bombeo y redes de agua propias.
“La asociación, ya que nadie le prestaba servicios públicos, se puso al hombro la falta del Estado. Nos organizamos contratamos la recolección de basura con Cotreco, pusimos iluminación, hicimos apertura de calles y poda. Hacemos todo lo que tiene que hacer el Estado inclusive (con autorización de la provincia) desde los ‘80 somos proveedores de agua”, explicó.
“La red le pertenece a la asociación civil, no estamos hablando que es una red estatal concesionada. La propia asociación pagó la red, compró los terrenos, puso los tanques de agua y sala de bombeo, sin haber recibido jamás un peso del Estado”, subrayó.
El problema es que desde que el barrio forma parte del ejido de Carlos Paz, Napal denunció que es objeto de aprietes por parte del municipio para que traspase todos los bienes sin mediar una expropiación y/o acuerdo correspondiente. Lo que sucedió antes de la asamblea del sábado pasado es un ejemplo más de una serie de amenazas que están dirigidas a esta organización.
“La municipalidad pretende quedarse con esta infraestructura sin pasar por una ley de una expropiación o algún tipo de convenio donde la asociación no pierda todo su capital. Regalar nuestras instalaciones sería una malversación de fondos. Queremos que hagan las cosas legalmente”, sentenció.
Esta situación derivó en un intento de boicotear la asamblea y deslegitimar a Napal, como vocero y principal representante de la institución, quien reflexionó sobre la soberbia y manejo violento del funcionario: “Yo soy poderoso esa es la respuesta (de Avilés). No aceptamos, más allá de la idea política de cada uno, que porque yo tengo poder hago lo que quiero. Nos quedamos temblando, porque sabemos cómo se está manejando el municipio”.
Como prueba están las denuncias de aprietes y amenazas a lxs trabajadorxs de la salud para que abandonen la lucha por mejores condiciones de trabajo.
“Se reprime a la voz disidente. Tienen actitudes de patota, si no mandan los inspectores quieren a través de los abogados a hacer denuncias. Tenemos las cosas en regla. Hay una orden de intimidar, con esa demostración de poder busca atemorizar”, señaló. Este accionar fue considerado desestabilizador del funcionamiento institucional y legal que ha demostrado la organización a lo largo de 40 años en el barrio.
A partir de este episodio, hay mucha preocupación entre lxs vecinxs. “Tememos represalias por no haber agachado la cabeza y dejarnos patotear. En el momento en que el municipio quiera estamos dispuestos a hablar y si no el camino legal es la expropiación”, aseguró.
La propuesta de este grupo de vecinxs es que se compense el costo de los bienes del servicio de agua con obras necesarias para el barrio: “Queremos una estructura por otra, queremos las calles adoquinadas del barrio. Hemos hecho la cotización y cuesta lo mismo que adoquinar. No es capricho de una persona, es la expresión de una asamblea”.
La organización está integrada por casi 40 socixs, en un barrio con alrededor de 150 lotes (el 50% son baldíos). No todos los vecinos son socixs, porque no quieren serlo o no cumplen con los requerimientos del estatuto. Uno de ellos es estar al día con las cuentas de la asociación y el pago de la cuota social de $50. La tasa de mantenimiento de los diferentes servicios es de $800.
“Avilés se está construyendo una propiedad adentro del barrio, es más está el hermano y muchos funcionarios de la municipalidad”, advirtió y aclaró que “no forma parte de la asociación. No es socio. Él jamás pagó una cuota de socio, es más tuvo que ser intimado muchas veces por sus constantes y reiterados retrasos en el pago. El propio intendente no estaba al día con las cuentas y hoy paga con retrasos de 6 o 7 meses”. Napal recordó que llegó a tener dos años de deuda.
