(Foto: Enfant Terrible) La Cámara Décima del Crimen condenó a tres años de prisión con el doble de inhabilitación para ser funcionario público, el exsecretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba, Raúl Costa, acusado de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Costa afrontó este juicio por haber autorizado la construcción de la subestación transformadora de energía de EPEC y el emprendimiento inmobiliario El Dorado II de la empresa GAMA SA en zonas declaradas áreas protegidas, en la localidad de San Antonio de Arredondo.
Se trató de un juicio histórico. Es la primera vez que un exfuncionario público es sometido a un juicio oral y público por un delito de índole ambiental. Desde que fue creado el Fuero Penal Económico y Anticorrupción, en el año 2004, para investigar exclusivamente las conductas de los funcionarios, fueron pocas las causas que llegaron a juicio.
“La violación de la normativa ambiental vigente -en especial la vinculada a la Ley de Bosques y a la garantía de participación ciudadana con la que deben contar los proyectos susceptibles de afectar el ambiente- atenta severamente contra el derecho a un ambiente sano que tenemos todos los ciudadanos y las generaciones venideras”, remarcaron desde ADARSA (Asociación de Amigos del Rio San Antonio), la entidad denunciante. “Yo soy profundamente humanista y me duele ver a una persona que está sufriendo, pero qué va a ser. la culpa no es nuestra”, dijo a VillaNos Radio el doctor en geología y el único firmante de la denuncia, Juan Carlos Ferrero.
Ferrero recordó que en 1999 la Legislatura aprobó la ley 8770 a través de la cual se creó la reserva recreativa natural Valle Del Cóndor, que fue afectada por las decisiones de Costa. “La ley fue votada por todos, sin excepción. En aquella época la Legislatura era Bicameral y me da un poco de resquemor decir que desde aquella época hasta la actualidad esa ley no fue reglamentada. En varias ocasiones desde los Tribunales nos dijeron que como era una ley que no estaba reglamentada, no era de aplicación. Hemos dado con un señor fiscal y un jurado popular con los que hemos logrado que aunque la ley no esté reglamentada, se la puso en ejecución”.
Para la abogada Marcela Fernández, representante legal de ADARSA, el comienzo del juicio “se vivió con mucho optimismo”. Precisó que el proceso judicial fue largo ya que implicó apelaciones por parte del acusado. Vale recordar que la denuncia fue presentada en octubre del 2012 y también implicaba al exsecretario de Ambiente, Federicco Bocco, quien falleció en 2019.
“Sabemos que hay otros funcionarios denunciados, pero esas causas no avanzaron porque no hay querellantes. Hemos estado colaborando con otras denuncias, tampoco es fácil, porque la gente no se anima a ser querellante. Por eso es importante reconocer la voluntad del doctor Ferrero que estuvo todos estos años esperando y confiando. Él está muy conmovido por haber llegado a esta instancia, después de tanto tiempo. Ver a Costa sentado en el banquillo de los acusados es una imagen muy fuerte”, reconoció.
Una lucha de largo aliento
Que hoy Raúl Costa esté sentado en el banquillo de los acusados es fruto de una larga pelea judicial, pero también política y ciudadana.
El 25 de junio de 2010, lxs vecinos de barrio Sol y Río detectaron el desmonte ilegal en las inmediaciones del barrio. A través de un posteo en Facebook, el ingeniero Juan Carlos Paesani de la ONG Educación, Ambiente y Trabajo recordó lo sucedido: “Fuimos tres personas los denunciantes: Roberto Falcón, presidente del Centro Vecinal Sol y Río, Sergio Bailone, periodista y vecino de Sol y Río, Juan Carlos Antonio Paesani, ex integrante de la Ex Funeat Fundación Educación Ambiente y Trabajo, vecino de Sol y Río. En tal ocasión nos acompañó la periodista de Radio Cyber Inés Martínez, que también vive en este barrio. No podíamos creer que se hiciera semejante atropello a la naturaleza en la Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor creada por Ley N°8770 de la provincia de Córdoba”, escribió Paesani y mencionó que ese mismo día se constituyó la asamblea “Sol y Río de pie”.
“Teníamos razones científicas y tecnológicas suficientes para avalar todo el daño producido y a producir hacía el futuro. Hasta se presentó un proyecto de Ordenanza de regulación de campos electromagnéticos”, detalló el profesional.
Dentro de las acciones desarrolladas en defensa de la vida y el medioambiente estuvo la huelga de hambre que duró 44 días y fue sostenida por dos mujeres: Susana Bettini y Viviana Altamirano. “Todo lo que hicimos, no fue en vano. Estamos llevando a un político a Tribunales con un tema tan candente como este. Me siento orgullosa de haber participado de esa movida”, expresó Viviana a los micrófonos de VillaNos Radio.
Recordó que por la carpa montada en los jardines municipales oden se llevó adelante la huelga de hambre pasaron muchxs vecinxs, escuelas, dirigentes e incluso el propio Raúl Costa y Jorge Petrone (dueño de GAMA) para persuadir a las vecinas de que abandonen la protesta. “Nos dijeron que habían actuado de forma legal y que estaba todo bien. Nosotros le decíamos que no. Desmontaron toda la flora y la fauna de ese lugar. nunca se hizo una audiencia pública ni Estudio de Impacto Ambiental. Todo fue negocio puro”, afirmó.
La huelga de hambre se levantó luego de que la por entonces comuna de San Antonio resolviera la clausura. La medida duró pocas horas porque EPEC rompió la faja de clausura y con la presencia de la Guardia de Infantería, el gobierno de la provincia de Córdoba garantizó la continuidad de los trabajos.
Esta medida, que en su momento sorprendió muchísimo, hoy forma parte del accionar político del gobierno de Hacemos por Córdoba. Lo más palpable en la región es lo que está implicando la obra de la autovía de Punilla.
“Hay una avanzada más fuerte. Los derechos humanos se están perdiendo nuevamente y quizás no nos estamos dando cuenta. Ahora no solo se reprime sino que también se imputa a los defensores ambientales. La Infantería vino y garantizó la continuidad de los trabajos; pero esa obra nunca fue legítima y por eso nunca la inauguraron. Nunca tuvo consenso social y nunca lo va a tener. Además, nunca solucionó el problema de la luz. El servicio sigue precario como estaba. La verdad es la que dijimos siempre: esa planta era para el emprendimiento El Dorado II y por eso la obra se hizo en el lugar que donó la empresa. Es decir: el poder empresario definiendo la infraestructura de un servicio público”, resumió Fernández.
