El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, ordenó un allanamiento a la vivienda particular de Carlos Rang, integrante del Consejo Directivo Provincial (CDP) de ATE Córdoba, y su compañera, Andrea Ferreyra, delegada del mismo sindicato en el Hospital Regional de Río Cuarto.
Sin informar el motivo de la medida judicial, la policía federal llevó adelante el operativo que se concretó el viernes 17 de mayo. A ambos activistas se les retuvo los teléfonos celulares.
“Fue un allanamiento con muy escasa información, con un proceder un tanto irregular y que entendemos ha sido totalmente intencional. Buscar disciplinar y amedrentar”, denunció a VillaNos Radio Rafaela Alcoba, secretaria General de la seccional ATE y la CTA-A en Río Cuarto.
Si bien aún los militantes aún no han sido notificados de la causa judicial que da marco al allanamiento, existen fuertes sospechas de que el diputado Carlos Gutierrez es quien emprendió la denuncia tras el repudio que recibió en la terminal de Río Cuarto, al dar su voto positivo a la aprobación de la ley bases.
“Nos parece grave que se quiera encuadrar en una amenaza el cruce de palabras que existió entre dos personas”, dijo Alcoba. Vale destacar que Rang es uno de los trabajadores de Agricultura Familiar que fue despedido y que había estado en Buenos Aires manifestándose en contra de la aprobación de la ley bases.
Rang quedó imputado de “supuestas amenazas” y desde ATE encuadraron el allanamiento en las mismas acciones de hostigamiento y persecución que el gobierno nacional vienen emprendiendo hacia organizaciones y dirigentes sociales.
