En un reciente episodio de controversia política, el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, y los siete concejales del oficialismo (Raquel Merlino, Sebastián Guruceta, Marcela Bosch, Laura Soledad Gallardo, Claudio Bocchetti, Alejandra Roldán y Leonardo Villalobo) han sido acusados de violar la Carta Orgánica en lo que respecta al aumento de tasas municipales y tarifas de servicios públicos como agua, cloacas, taxis, remises y transporte urbano.
La denuncia penal, presentada por el legislador Walter Gispert, sostiene que las acciones tomadas por los funcionarios municipales no solo son ilegales, sino que también atentan contra los derechos de los habitantes de la ciudad.
La primera denuncia surgió cuando avilesismo cedió atribuciones al Ejecutivo para que determine por su cuenta aumentos de tasas y servicios “dentro de los límites de la inflación”. Sin embargo, la Carta Orgánica establece taxativamente que cualquier aumento de tasas y servicios requiere un proceso de doble lectura en el Concejo de Representantes, con mayoría en ambas instancias, además de una audiencia pública entre ambas lecturas y un intervalo de quince días entre ellas; procesos que estuvieron ausentes.
Por otro lado, la Carta Orgánica advierte explícitamente que no se pueden ceder atribuciones al departamento Ejecutivo, algo que fue ignorado al autorizar los aumentos por decreto, bajo la excusa de “adecuar las tasas según la inflación”.
A pesar de esta primera denuncia, hace un mes se presentó un segundo aumento de tasas, que comenzó a regir en mayo. Esta vez, el proceso fue aún más expeditivo: se aprobó una ordenanza con una sola lectura, aplicando un incremento en las tasas de aproximadamente el 20%.
Este procedimiento no incluyó ni la doble lectura ni la audiencia pública, y fue votado por mayoría simple. Con este antecedente, Gispert concurrió este miércoles a la Fiscalía de Instrucción n° 1 de Villa Carlos Paz, a cargo de Silvana Páez, para realizar una ampliación de la denuncia ya había sido presentada.
Consultado sobre sus expectativas, Gispert sostuvo que espera que esta situación “se resuelva conforme a la legalidad”.
“De permitirse estos procedimientos, el Concejo podría subvertir hasta el sistema de gobierno municipal. Además de violar la Carta Orgánica, se estaría negando el derecho de los ciudadanos a expresarse y a ser escuchados en una audiencia pública”, afirmó.
En una entrevista con VillaNos Radio, el legislador por Punilla insistió con que “hay una ruptura de la norma que imposibilita a los vecinos expresar su opinión”.
“Como funcionario público estoy obligado a realizar la denuncia si creo que lo que se está haciendo va en contra de la ley. Y desde mi punto de vista, Avilés y sus concejales se llevaron puesto todo”, remarcó.
Anticipó, además, que, “no voy a dejar este tema hasta que se resuelva”.
“Acá no estamos discutiendo política, estamos hablando del dinero de los contribuyentes”, concluyó.
Redacción: La Jornada Web
