La Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA) denunció que el emprendimiento inmobiliario “Las Jarillas Country de Montaña” no tiene licencia ambiental y reclamó a las autoridades “la paralización y demolición de las obras en curso”.
En un comunicado difundido en sus redes, ADARSA explicó que, en respuesta a un pedido de información pública presentado por la ONG, la Secretaría de Ambiente de la provincia informó que el emprendimiento denominado ‘Las Jarillas Country de Montaña’ no tiene licencia ambiental.
En la presentación, ADARSA mencionó que la publicidad comercial del emprendimiento “da cuenta de importantes movimientos de suelo incluyendo una laguna artificial de grandes dimensiones”.
“Con esta respuesta que destaca que el bosque afectado corresponde a zona roja y amarilla e incendio previo, se informa que -en los términos de la legislación vigente- dicho proyecto no es viable, lo que demuestra la ilegalidad del desmonte producido y amerita la urgente intervención de la Policía Ambiental”, sostuvo la ONG.
En diálogo con VillaNos Radio, Marcela Fernández, abogada de ADARSA, expresó que el emprendimiento inmobiliario no solo carece de la licencia ambiental, sino que la Secretaría de Ambiente de la Provincia ya había notificado a los desarrolladores en 2023 que el proyecto no era viable. “Esta zona está protegida por la Ley de Bosques, que prohíbe este tipo de intervenciones, y la propia Secretaría de Ambiente había indicado que el terreno está en una zona no apta para su urbanización”, afirmó.
El proyecto prevé el desarrollo de una laguna artificial, un hecho particularmente preocupante debido a la escasez hídrica que afecta a las poblaciones del sur del Valle de Punilla. “Es una contradicción que mientras las comunidades cercanas enfrentan problemas de agua, los desarrolladores construyan una laguna artificial”, señaló.
la abogada también consideró que la venta de lotes de este emprendimiento podría considerarse una maniobra fraudulenta, dado que el proyecto no cuenta con las habilitaciones necesarias. “Están vendiendo tierras que no pueden urbanizarse legalmente, lo cual podría considerarse un delito”, aseguró la abogada. Además, indicó que el Código de Edificación del municipio de San Antonio de Arredondo prevé sanciones y multas para este tipo de desarrollos ilegales, e hizo un llamado a las autoridades locales a tomar medidas.
