La militante por los derechos de las personas con discapacidad cuestionó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y llamó a la sociedad y a los legisladores a garantizar vidas dignas. “No somos simplemente un número”, afirmó.
La activista cordobesa Gianna Mastrolinardo expresó su preocupación y rechazo frente al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ahora deberá ser tratada nuevamente en el Congreso.
“En primer lugar me genera angustia, la verdad es una situación triste, pero al mismo tiempo esta sensación coexiste con la fuerza de encontrarnos, de la organización, de poder saber que daremos batalla hasta vencer”, afirmó en diálogo con VillaNos Radio.
Frente al argumento oficial de que la ley pondría en riesgo el equilibrio fiscal, Mastrolinardo fue tajante: “La ley de emergencia en discapacidad no pone en riesgo el equilibrio fiscal. Y aunque así fuera, creo que esa discusión es un sinsentido, porque cuando se trata de derechos humanos no se puede reducir la discusión a cifras y números”.
La militante recordó que, gracias al Estado, puede acceder a asistencia domiciliaria, terapias físicas y transporte adaptado que le permiten estudiar Ciencia Política en la Universidad Nacional de Córdoba. “Todo esto es posible por el rol que tiene el Estado en el sostenimiento de estas prestaciones”, subrayó.
También valoró el respaldo social: “Me genera cierto nivel de alivio sentir este acompañamiento. No estamos dispuestos a soportar el abandono ni a retroceder en materia de derechos humanos”.
En una reunión reciente con legisladores provinciales, Mastrolinardo les transmitió un mensaje claro: “Esta ley no es por un interés sectorial; es un recordatorio del carácter humano de nuestras sociedades. Los derechos de las personas con discapacidad son los derechos de todos. En sus manos está dar esa batalla para que podamos tener vidas dignas y no despertarnos con el temor de haber perdido un derecho. Seguiremos luchando hasta vencer”, concluyó.
Voces de la movilización en Villa Carlos Paz
El martes 5 de agosto, en la Plaza del Avión de Villa Carlos Paz, se realizó una concentración en defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La manifestación formó parte de una jornada federal que se replicó en distintos puntos del país para reclamar la ratificación de la norma y rechazar el veto presidencial.
Profesionales, familias y personas con discapacidad expresaron su malestar ante la reducción de derechos, la falta de acceso a prestaciones básicas y la precarización de los servicios.
Carina Rico, licenciada en Fonoaudiología e integrante de Latay, Centro Privado de Rehabilitación e Inclusión Escolar, explicó que la ley es “la única esperanza” y advirtió que “día a día van quitando derechos a las personas con discapacidad”. Señaló que los recortes afectan a pensiones, transporte, prestaciones y políticas públicas: “La discapacidad no se elige, se adquiere. Todos podemos estar en esa situación y merecemos ser escuchados”.
Romina Albornoz, mamá de un joven con autismo y diagnosticada con autismo hace un año, criticó la falta de empatía social y el desmantelamiento de derechos: “Este gobierno está destruyendo lo que se construyó durante años. No es una cuestión de banderas políticas, es calidad de vida”. Denunció demoras en la aprobación de terapias y transporte, y relató que muchas familias afrontan los tratamientos “a pulmón” mientras las obras sociales no cumplen.
Agustina Molina, madre de un adolescente con parálisis cerebral, aseguró que conseguir equipamiento básico como una silla de ruedas puede llevar años: “En el hospital local no hay atención para chicos con discapacidad. Tenemos que viajar a Córdoba y muchas veces ni siquiera aceptan la obra social. Somos invisibles para el Estado”.
Por su parte, Sonia Urquía, abuela de una adolescente con dislexia, destacó el acompañamiento que recibe en una escuela especial, pero cuestionó el veto presidencial: “Cada vez hay más niños con diagnósticos y menos apoyo del Estado. Es una necesidad que atraviesa a muchas familias”.
Rocío, hermana de Ignacio Jaime —quien padece una enfermedad poco frecuente—, remarcó que el derecho a la salud debe ser primordial: “No hace falta que te pase para involucrarte, a cualquiera le puede tocar”. La familia lucha por conseguir la medicación para un tratamiento que evite un trasplante de córnea: “El veto nos genera frustración. Son años de esfuerzo tirados a la basura si no tenemos cobertura”.
Movilización también en Cosquín
La convocatoria reunió a personas con discapacidad, sus familias, sindicatos, asociaciones civiles y representantes de distintas instituciones en una movilización que se replicó en diversas ciudades del país.
Belén Bomone, docente en una escuela de modalidad especial y prestadora del Instituto de Prestaciones para la Discapacidad, participó activamente de la protesta y explicó los motivos que impulsaron la convocatoria. “Convocamos para rechazar un rechazo absoluto al veto presidencial de la ley de emergencia en discapacidad,” señaló Bomone.
La jornada en Cosquín incluyó una concentración inicial en la plaza principal, desde donde la manifestación recorrió la avenida San Martín hasta la plaza del Folklore, con intervenciones y discursos de apoyo de sindicatos como SADOP y de la Mesa de Derechos Humanos local.
“Vinieron personas con discapacidad, sus familias, centros e instituciones de la comunidad, sindicatos, asociaciones civiles. Esta lucha es de todos, porque uno nunca sabe en qué momento puede llegar a estar en situación de discapacidad,” afirmó Bomone, quien destacó además el papel educativo del evento: “Siempre se crea un espacio que es como una clase pública, donde enseñamos y mostramos cómo se financia realmente el sistema de prestaciones en discapacidad”
La docente desmontó el argumento presidencial sobre un supuesto desequilibrio fiscal causado por la ley. “Sabemos que el sistema se financia a través de los trabajadores en blanco y los tributistas, el PAMI y el Estado a través de Incluir Salud. Por eso podemos afirmar que es una falacia el discurso que dice que esta ley implicaría un desequilibrio fiscal,” explicó.
Respecto a la respuesta de la población local, Bomone indicó que la movilización tuvo una recepción positiva: “La gente apoyaba, con aplausos y gestos de aprobación. También pegamos cartelería en la vía pública para visibilizar nuestras demandas.”
La docente envió un mensaje claro a legisladorxs nacionales que deben decidir sobre la ley en el Congreso: “No nos suelten la mano y apoyen esta lucha, como ya lo hicieron cuando estuvo en el recinto. Necesitamos que se haga eco de la demanda porque la situación es desesperante. Los aranceles no se actualizan desde fines del año pasado, y esto afecta el derecho a una vida digna para las personas con discapacidad.”
Bomone resaltó que la problemática excede la vocación y requiere una remuneración digna: “No es una cuestión solo de vocación, sino que se necesitan salarios que permitan cubrir necesidades básicas. La ley busca justicia social y respeto por los derechos de las personas con discapacidad, como establece la convención internacional”.
