(Fotos: Eugenia Marengo) Los Tribunales de Cruz del Eje fueron escenario, el pasado jueves 18 de diciembre, de una audiencia preliminar en el marco de la causa judicial impulsada por el exintendente de Cosquín, Gabriel Musso, contra seis defensorxs ambientales, imputados por presuntas amenazas durante una acción de protesta ocurrida en agosto de 2022.
Las personas imputadas son Marco Enrique D’Angelo, Federico Ernesto Díaz, Alba Cristina Ortiz, Matías Marcelo Pérez, Marcela Alejandra Martín, Gabriela Taborda Varela y Cristian Mariano Viglietti. Sobre ellxs pesan diferentes imputaciones como “amenazas”, “resistencia a la autoridad” y “daños”.
Los hechos que originaron la causa se produjeron cuando Musso, entonces intendente, se encontraba en un bar frente a la plaza principal de Cosquín, donde se desarrollaba una manifestación contra las autorizaciones municipales otorgadas para el avance de la obra vial. En ese contexto, un grupo de vecinos y ambientalistas lo increpó públicamente por su rol en la habilitación del proyecto.
La audiencia realizada tenía como finalidad explorar salidas alternativas al juicio oral, como prevé el Código Procesal Penal. Sin embargo, no hubo acuerdo entre las partes. Así lo explicó René Amsler, uno de lxs abogadxs defensores de lxs ambientalistas, quien -además- calificó el proceso como un ejemplo de persecución judicial a la protesta social.
“Hay una estructura gigantesca del Estado al servicio de estar persiguiendo ambientalistas. Ya desde ese punto de vista es vergonzoso”, sostuvo Amsler en diálogo con VillaNos Radio.
Con la coordinación de Radio Ferroviaria de Cruz del Eje y Radio Garabato de San Marcos Sierras, se llevó adelante una transmisión especial que fue tomada por varias emisoras del Valle de Punilla.
Uno de los puntos centrales de la audiencia fue el rechazo del Ministerio Público Fiscal al pedido de suspensión del juicio a prueba (probation) presentado por la defensa. Se trata de un beneficio procesal habitual en causas de menor gravedad, que permite extinguir la acción penal sin condena ni antecedentes, bajo ciertas reglas de conducta. “La Fiscalía dijo que no porque existe una política criminal cuando hay funcionarios públicos involucrados como víctimas”, explicó Amsler.
Para el abogado, esta decisión implica un trato desigual ante la ley: “El beneficio se le concede a cualquier vecino, pero no cuando el supuesto damnificado es un funcionario público. La lógica que están escribiendo es: ‘a los funcionarios no los mires feo’”.
Amsler remarcó que la probation fue pensada justamente para descomprimir el sistema penal, y que su negativa en este caso expone una utilización selectiva del poder punitivo del Estado. “No fue una amenaza, fue una interpelación pública”, remarcó.
El letrado insistió en que los hechos imputados no constituyen una amenaza penalmente relevante, sino expresiones propias de una interpelación política en el espacio público. “Que pasen los funcionarios y les digan cosas en la cara no es agradable, pero eso no significa que haya amenazas”, afirmó.
Entre los episodios cuestionados, mencionó expresiones duras dirigidas a Musso, como acusarlo de “criminal” por autorizar obras que afectan el monte nativo. “Está bien, es feo que te digan eso en la calle, pero no hay amenaza de un daño futuro. Eso no es un delito”, sostuvo.
En ese sentido, recordó que las injurias contra funcionarios públicos fueron despenalizadas precisamente porque quienes ocupan cargos públicos están expuestos a la crítica social. “Son funcionarios públicos, están para eso, saben que están sujetos a este tipo de situaciones y además cuentan con protección estatal”, señaló.
Otro de los ejes de la denuncia de la defensa apunta a la forma en que se construyó la acusación durante la etapa de instrucción, a cargo inicialmente de la fiscal Paula Kelm y actualmente bajo la órbita de la fiscal de Cámara Pochettino. “La Fiscalía forzó las pruebas, hizo decir cosas que no se dijeron y copió declaraciones”, denunció Amsler.
Como ejemplo, citó el caso de una imputada a la que se le atribuyó haber amenazado a las hijas de Musso: “En los videos se escucha claramente otra cosa. Sin embargo, los funcionarios declararon que dijo algo completamente distinto. Eso es amañar pruebas”.
También cuestionó la imputación a una persona que solo estaba filmando la protesta: “No dijo absolutamente nada. Pero la Fiscalía habló de ‘actitud corporal’ para convertir su sola presencia en una amenaza. Es escandaloso”.
El impacto de una causa que lleva más de dos años
La causa se inició en agosto de 2022 y, según el abogado, ya genera efectos concretos en la vida de las personas imputadas. “Esto ya es una condena. Tenés que pedir permisos en el trabajo, viajar a audiencias, presentarte ante un juez. Vivís con incertidumbre”, explicó.
El juicio oral comenzará el 07 de mayo de 2026, con varias jornadas de debate en la Cámara correspondiente. Allí se reproducirán videos, declararán testigos —incluidos empleados del bar donde ocurrieron los hechos— y se revisará la prueba producida. “La mayoría de los testigos dijeron que no escucharon amenazas. Solo hablaron de gritos e insultos, que no son delitos”, remarcó Amsler.
Finalmente, el abogado advirtió sobre el precedente que podría sentar esta causa. “Es muy peligroso para lo que se viene. Se está preparando el terreno para criminalizar cualquier señalamiento a funcionarios públicos”, afirmó.
Y concluyó: “No fue algo lindo, no fue cómodo, pero no fue un delito. El Estado está usando todo su aparato para ejemplificar y estigmatizar la protesta social”.
