Los médicos de cabecera que prestan servicios al PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas en reclamo por recortes en sus ingresos, que —según denuncian— alcanzan hasta un 40% y ponen en riesgo la continuidad de la atención a jubilados y pensionados en todo el país.
La Asociación de Profesionales de los Programas de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) resolvió la medida de fuerza tras conocerse los alcances de la resolución 1107/2026 que modifica el sistema de pagos y prestaciones.
Entre los principales cambios señalados, se destaca el anuncio de un aumento de la cápita a 2.100 pesos. Sin embargo, la organización advierte que esta medida se ve contrarrestada por modificaciones estructurales: la eliminación de la consulta presencial como fuente directa de ingreso, la incorporación de más prestaciones dentro de un esquema de pago fijo y la supresión de incentivos económicos vinculados a la formación profesional.
José Avilés, delegado de APPAMIA en Villa Carlos Paz describió que la situación es “desesperante”. “Nos enteramos a través de una circular que se nos va a descontar el 40% de nuestro sueldo este mismo mes y de ahora en adelante. Han cambiado las reglas de juego de un día para el otro, arbitrariamente”, dijo en diálogo con VillaNos Radio y remarcó: “La situación nos tiene muy preocupados, es desesperante”.
Desde el sector sostienen que el impacto de estas decisiones es “claro”: mayor carga laboral, menores ingresos y una pérdida de reconocimiento al ejercicio médico. Asimismo, advierten que esta situación compromete tanto la sostenibilidad de los consultorios como la calidad de la atención brindada a los pacientes.
El paro afecta exclusivamente a médicos de cabecera, no así a especialistas que trabajan en clínicas o sanatorios. “Si un paciente tiene turno con un traumatólogo u otro especialista, puede asistir normalmente”, aclaró Avilés. Durante las 72 horas, se suspenden los turnos programados, aunque se garantiza la atención de urgencias.
El nuevo valor de la cápita ronda los 2.100 pesos por paciente, lo que —según los profesionales— resulta insuficiente. El impacto económico es significativo. En su caso particular, Avilés explicó: “Yo tengo 700 pacientes. Antes cobraba alrededor de 2.200.000 pesos, con gastos fijos cercanos al millón. Ahora voy a cobrar 1.470.000. Es un recorte catastrófico”.
Los médicos aseguran que la situación se agrava por el congelamiento de ingresos desde el año pasado. “Nuestros ingresos están prácticamente congelados desde agosto o septiembre. Con la inflación acumulada, ya veníamos perdiendo poder adquisitivo”, indicó.
El reclamo se enmarca en una crisis más amplia del sistema, que también afecta a los afiliados. Avilés mencionó dificultades en el acceso a medicamentos y demoras en la atención.
“Tengo pacientes que me preguntan cuál de los tres medicamentos recetados pueden comprar porque no pueden pagar todos”, relató conmovido.
También denunció demoras prolongadas en diagnósticos y tratamientos: “Hay pacientes que tardan hasta ocho meses en iniciar un tratamiento oncológico. Es una situación muy grave”.
Desde el sector exigen la apertura de una instancia de diálogo con el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei. “Esperamos que el PAMI y el Gobierno se sienten a negociar. Si no, después de estas 72 horas el paro puede pasar a ser por tiempo indeterminado”, advirtió Avilés.
Según el médico, la medida cuenta con el respaldo de muchos afiliados. “Hemos recibido muestras de apoyo y comprensión. Ellos también están siendo afectados, no es una novedad para ellos”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que tanto profesionales como pacientes comparten las consecuencias del ajuste: “El médico, el paciente y el empleado del PAMI somos víctimas de esta situación, no los generadores”.
En este contexto, APPAMIA presentó una propuesta alternativa basada en los costos reales del ejercicio profesional, estableciendo una cápita mínima de $6.500 como piso necesario para garantizar condiciones adecuadas de trabajo.
Además, la entidad exige la derogación inmediata de la resolución 1107/2026, el incremento de las retribuciones para médicos y odontólogos, y la reincorporación de profesionales que —según denuncian— fueron cesanteados sin causa.
La organización también alertó que la continuidad y calidad de la atención primaria de la salud se encuentran en riesgo, y adelantó que evalúa la posibilidad de iniciar acciones judiciales.
