En el marco de una nueva jornada de paro docente en todo el país, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) reiteró sus reclamos por la restitución de la paritaria nacional y del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), al tiempo que rechazó la decisión del Gobierno nacional de considerar a la educación como un servicio esencial y realizar controles sobre el cumplimiento de la medida de fuerza.
La jornada de protesta convocada por CTERA tuvo alcance nacional e involucró a todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el universitario. En diálogo con VillaNos Radio, el secretario de Organización de CTERA, Juan Monserrat, aseguró que la medida registró una importante adhesión en distintas provincias.
Los principales reclamos del gremio se mantienen desde el inicio del conflicto: la restitución de la paritaria nacional docente y del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), herramientas que permitían establecer un piso salarial para todo el país. “Necesitamos que se pueda construir un piso salarial nacional», expresó.
En ese sentido, cuestionó la propuesta salarial impulsada por el Gobierno nacional y las provincias. “Es una propuesta ridícula, que no tiene ninguna relación con el costo de los productos que necesita cualquier trabajador para acceder a la canasta básica», afirmó.
El dirigente sostuvo que la eliminación del aporte nacional del FONID profundizó las desigualdades entre provincias y debilitó el ámbito de negociación docente.
«Si tuviéramos el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el aporte nacional en cada uno de los salarios, realmente los ingresos se acercarían mucho más a la canasta básica y se evitarían las distorsiones salariales que existen entre las provincias», expresó.
Asimismo, remarcó que la paritaria nacional no solo abordaba cuestiones salariales, sino también aspectos vinculados a las condiciones laborales y la infraestructura escolar.
Monserrat también cuestionó el comunicado del Ministerio de Capital Humano que anunció controles para garantizar el cumplimiento del régimen de servicio esencial durante el paro. Sostuvo que la medida ya fue denunciada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
«Nosotros consideramos que poner a la educación como servicio esencial es un ridículo porque no resiste ningún ordenamiento jurídico internacional al que la Argentina está suscripta», afirmó.
Además, consideró inviable la implementación de esos controles. «El propio Gobierno ha desmantelado las oficinas del Ministerio de Trabajo en las provincias, por lo que ni siquiera cuenta con el personal ni los recursos suficientes para realizar esas verificaciones», sostuvo.
Cuestionamientos al programa económico
Monserrat vinculó el conflicto docente con la política económica nacional y advirtió sobre el impacto del ajuste en las provincias.
«El programa económico del Gobierno nacional es un desastre. Los programas de ajuste ya aplicados anteriormente nos llevaron a este deterioro del empleo, de la actividad productiva y de la capacidad de las provincias para atender sus responsabilidades», manifestó.
Aunque reconoció la importancia del equilibrio fiscal, sostuvo que debe estar acompañado por políticas que contemplen las necesidades sociales.
«El déficit fiscal es un activo que hay que respetar, pero ese planteo tiene que ir de la mano del equilibrio social necesario para que todos los argentinos podamos vivir con dignidad», afirmó.
Respecto al nivel de adhesión de las familias y de la comunidad educativa, Monserrat consideró que el acompañamiento es positivo y anticipó que la medida tendría una importante repercusión en distintas jurisdicciones.
«Lo estamos viendo bien. En provincias donde los salarios no llegan al millón de pesos va a haber un altísimo acatamiento», señaló.
En relación con Córdoba, indicó que la adhesión podría ser menor, aunque ratificó el respaldo del gremio provincial a las decisiones de la conducción nacional.
«Seguramente vamos a acompañar como siempre todas las decisiones de la conducción nacional de CTERA porque formamos parte de ella y estamos consustanciados con la histórica pelea por la educación pública», concluyó.
En el mismo contexto, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) difundió un comunicado en el que rechazó el anuncio del Ministerio de Capital Humano por considerar que constituye un intento de restringir el derecho constitucional de huelga.
El gremio recordó que la Organización Internacional del Trabajo sostiene que, en términos generales, la educación no constituye un servicio esencial que habilite restricciones al ejercicio de ese derecho y remarcó que la cartera nacional carece de facultades para inspeccionar establecimientos educativos dependientes del sistema provincial.
