Bajo la consigna “Ponete la camiseta por la ciencia y la educación”, a lo largo y ancho del país hubo concentraciones para visibilizar la crítica situación en la que se encuentran las universidades y los organismos técnicos de investigación y desarrollo. En Córdoba la protesta se centralizó en la plazoleta Agustín Tosco.
En el marco de la Jornada Federal en Defensa de la Ciencia y la Educación que se desarrolló este miércoles en todo el país, trabajadorxs universitarios y del sistema científico y tecnológico volvieron a poner en el centro del debate el desfinanciamiento de las instituciones públicas y el impacto de las políticas implementadas por el gobierno neocolonial de Javier Milei.
En Córdoba, la convocatoria se centralizó en la plazoleta Agustín Tosco. La consigna “Ponete la camiseta por la ciencia y la educación” reunió a docentes, investigadores, estudiantes y trabajadorxs de distintos organismos y universidades.
La secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC), Leticia Medina, cuestionó el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que el conflicto atraviesa uno de sus momentos más prolongados.
“Tenemos una ley de financiamiento aprobada en el Congreso, la Corte Suprema también ratificó esta posición de toda la comunidad universitaria, está obligando al Gobierno a cumplir una ley y estamos a punto de cumplir 300 días de incumplimiento”, sostuvo en diálogo con VillaNos Radio.
Medina señaló que durante los últimos meses se produjo una apertura de la mesa paritaria que permitió una recomposición salarial del 21,3% en junio. Sin embargo, afirmó que la pérdida frente a la inflación todavía es significativa y reclamó una nueva actualización.
“Todavía el gobierno nos debe más del 31% de aumento”, aseguró, y consideró que el Ejecutivo nacional “no parece muy decidido a cambiar su política en relación a las universidades y a la ciencia y la tecnología”.
Un sistema científico en retroceso
La dirigente afirmó que “el sistema científico está en un callejón sin salida” y mencionó la crítica situación que atraviesan organismos como el CONICET, el INTI, el INTA, la CONAE y la CNEA, entre otros.
“El sistema científico está siendo desmantelado por las políticas de este Gobierno”, advirtió y añadió que este proceso tiene consecuencias concretas sobre la investigación y el desarrollo tecnológico: caída de proyectos, interrupción de investigaciones, reducción de becas y carreras científicas truncadas.
“Hay investigadores de carrera que se van de las instituciones, se van del país. Realmente es una situación muy lamentable para todo el sistema científico, pero también para el futuro de la Argentina”, sostuvo.
Y remarcó: “La producción de conocimiento, la universidad, son piezas claves para un proyecto de país desarrollado, no dependiente de economías desarrolladas de los países centrales y que gane justamente en autonomía, en soberanía”.
El diagnóstico coincide con el planteado por Emiliano Baum, delegado de ATE en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), quien describió un escenario crítico para el organismo y sostuvo que el ajuste está afectando capacidades estratégicas construidas durante décadas.
Entre los principales ejemplos mencionó el proyecto Tronador, destinado al desarrollo de un lanzador espacial argentino. “Argentina había avanzado mucho en el proyecto del lanzador Tronador. Hoy ese proyecto lo desaparecieron, no existe más el proyecto Tronador”, afirmó.
La partida presupuestaria destinada específicamente al proyecto fue prácticamente eliminada, lo que habría dejado paralizado su desarrollo. El delegado también advirtió sobre la pérdida de investigadores y profesionales especializados. Estimó que durante la actual gestión se perdieron alrededor de 6.000 científicos y científicas, muchos de los cuales emigraron al exterior.
En el caso de la CONAE, explicó que una parte de las bajas se produce mediante un mecanismo que definió como “despido indirecto”: la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el deterioro de las condiciones laborales empujan a trabajadores especializados a abandonar el organismo.
“Los sueldos bajan tanto que obligan a mucha gente a irse, sobre todo aquellos que ingresaron hace menos tiempo y están en los escalafones más bajos”, explicó.
Baum señaló además que el presupuesto de la CONAE se redujo en un 60% en términos reales desde 2023, mientras que el personal habría disminuido en más de un 20%. También indicó que la planta estatal se encuentra congelada, lo que dificulta reemplazar a quienes se jubilan y profundiza la pérdida de capacidades.
Pese a ese escenario, explicó que algunas áreas operativas de la CONAE continúan funcionando, especialmente aquellas vinculadas con compromisos internacionales. Entre ellas mencionó el centro de control de los satélites SAOCOM 1A y 1B y las estaciones terrenas desde las cuales se recibe información satelital.
Sin embargo, señaló que otras áreas vinculadas con investigación y desarrollo fueron perdiendo capacidad por la reducción de personal y la falta de inversión.
Tanto Medina como Baum coincidieron en que el conflicto excede la discusión presupuestaria y tiene implicancias sobre el modelo de desarrollo del país.
Para el delegado de ATE, la reducción de recursos destinados a la ciencia y la tecnología compromete la capacidad de Argentina para tomar decisiones autónomas y defender sus propios recursos.
“Los países que quieren desarrollarse, que quieren darle mejores condiciones de vida a su población, que quieren tener la capacidad o la autonomía de poder decidir sobre sus propios recursos a partir de poder defenderlos, invierten en investigación y desarrollo”, sostuvo.
Baum destacó particularmente el desarrollo alcanzado por Argentina en materia nuclear y espacial y recordó que son pocos los países que cuentan con capacidades propias para desarrollar reactores o diseñar y poner en órbita satélites.
En la misma línea, Medina sostuvo que el debilitamiento de las universidades y del sistema científico afecta las posibilidades de construir un proyecto de país con mayor autonomía.
Reclamos ante organismos internacionales
El conflicto universitario también llegó a instancias internacionales. Medina explicó que, a través de la CTA, se realizó una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante la Asamblea Internacional desarrollada en Bruselas en junio.
“Denunciamos al Gobierno por incumplimiento de la ley en cuanto a lo que tiene que ver con el financiamiento del sistema científico y la universidad”, indicó.
También mencionó la participación de la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, en una reunión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Washington, donde se abordó la situación argentina.
“Este tema ya está instalado en el debate internacional”, sostuvo Medina.
La secretaria general de ADIUC cuestionó además las acusaciones que, según señaló, el Gobierno nacional viene realizando contra las universidades y sus integrantes. Mencionó las auditorías, las denuncias por supuesto adoctrinamiento y las críticas vinculadas con estudiantes extranjeros.
También rechazó que docentes, investigadores y estudiantes hayan sido recientemente acusados de “terroristas”.
Frente a esas acusaciones,la dirigente defendió el papel de las universidades en la enseñanza, la investigación y la vinculación con las comunidades. “Lo que los universitarios hacemos es enseñar, es investigar, es articular con el desarrollo local de los territorios en donde se instalan las universidades”, afirmó.
Para los referentes sindicales, la discusión no se limita a los salarios o al presupuesto de las instituciones: pone en juego el futuro de las universidades, la capacidad de producir conocimiento y tecnología y, en última instancia, el modelo de desarrollo y el grado de autonomía con el que Argentina podrá decidir sobre sus propios recursos.
