En una conferencia de prensa, integrantes de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina cuestionaron la visita papal y sostuvieron que el encubrimiento de los abusos sexuales dentro de la Iglesia constituye una política institucional del Vaticano. También expusieron casos de distintas provincias y señalaron especialmente la situación del sacerdote Alejandro Nicola, denunciado por abusos sexuales contra niñas del jardín Niño Dios de Villa Carlos Paz.
Integrantes de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina realizaron una conferencia de prensa para expresar su repudio a la visita del Papa y explicar los motivos de su posicionamiento. Durante el encuentro, representantes de distintas provincias reconstruyeron el trabajo de la organización, denunciaron mecanismos de encubrimiento por parte de las autoridades eclesiásticas y expusieron situaciones judiciales que involucran a integrantes de la Iglesia.
La actividad contó con la participación de Liliana Rodríguez, psicóloga y fundadora de la Red; Alejandra Carrizo, de Catamarca y mamá de una sobreviviente; Matías Montes, representante de la organización en Salta; y Daniel Vera, referente de Córdoba y otros integrantes y profesionales que acompañan el trabajo colectivo.
Liliana Rodríguez explicó que la Red nació hace 14 años, a partir de la aparición de distintas denuncias de abusos sexuales cometidos por representantes de la Iglesia Católica. Desde entonces, comenzaron a encontrarse sobrevivientes de diferentes puntos del país, incluso personas que actualmente viven en el exterior, pero cuyos abusos ocurrieron en Argentina.
Se trata de un espacio inclusivo integrado por mujeres, varones y personas de la diversidad sexual que atravesaron situaciones de violencia en distintos momentos de sus vidas. Entre sus integrantes también hay personas que formaron parte de la institución religiosa como seminaristas, catequistas o religiosas.
Rodríguez cuestionó la idea de que los abusos eclesiásticos pertenecen exclusivamente al pasado y advirtió que las situaciones continúan ocurriendo. «El plan sistemático sigue funcionando como siempre, a la luz de todos los representantes de la institución», afirmó.
La psicóloga también describió las dificultades que atraviesan las personas sobrevivientes para poder denunciar, especialmente cuando sus propias familias depositaron su confianza en la Iglesia para el cuidado de niñas, niños y adolescentes.
«Muchas veces la culpa la lleva el sobreviviente y el sobreviviente es el que sigue cuidando a esos padres, a esos integrantes de la familia con el silencio», señaló. Y agregó que los agresores instalan la culpa y el silencio porque «es el pasaporte de la impunidad».
En ese sentido, destacó la importancia del acompañamiento colectivo que brinda la organización. La Red mantiene una comunicación cotidiana durante los 365 días del año, a través de un grupo de WhatsApp en el que sus integrantes comparten experiencias, se acompañan y construyen estrategias para avanzar en los procesos de reparación.
Rodríguez también rechazó los cuestionamientos sobre la veracidad de las denuncias y sostuvo que, en los 14 años de trabajo y con miles de consultas recibidas, nunca encontraron una denuncia falsa. Además, informó que la organización acompañó 14 juicios, con resultados favorables, aunque señaló que la prescripción continúa siendo uno de los principales obstáculos para el acceso a la justicia penal.
«Eso no significa que el delito no estuvo, significa que la persona habla cuando puede», explicó.
El Vaticano y la deuda histórica institucional
Durante la conferencia, los integrantes de la Red recordaron que en diciembre del año pasado presentaron un documento ante el organismo vaticano Tutela Minorum, encargado de abordar las situaciones de abuso dentro de la Iglesia.
El documento, denominado La deuda histórica institucional, fue entregado a través de integrantes de redes de sobrevivientes de España. Según manifestaron, hasta el momento no recibieron ninguna respuesta oficial.
Los representantes cuestionaron además que el organismo esté presidido por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, a quien señalaron por su responsabilidad en situaciones de encubrimiento de abusos.
En paralelo, presentaron un material de difusión cuyo eje central sostiene que el encubrimiento eclesiástico de la pederastia forma parte de una política institucional del Vaticano.
«El Vaticano es un Estado, la única monarquía absoluta que existe en la actualidad, y el Papa es un jefe de Estado», plantearon para fundamentar su denuncia.
Los casos de Córdoba y la situación del sacerdote Alejandro Nicola
Uno de los tramos centrales de la conferencia estuvo dedicado a las causas vinculadas con abusos sexuales en la provincia de Córdoba. Los integrantes de la Red señalaron que cuentan con denuncias relacionadas con las diócesis de Córdoba, Río Cuarto y Cruz del Eje.
Entre los antecedentes mencionaron al exsacerdote Walter Avanzini, fallecido en 2023 sin haber sido juzgado; al sacristán José Galeano, condenado a cuatro años y dos meses de prisión por un juicio abreviado; y al sacerdote Carlos Arce, de Río Cuarto, cuya causa, según indicaron, atravesó numerosas demoras y todavía aguardaba la posibilidad de llegar a juicio.
También hicieron referencia a Guillermo Ramón Cartasso, fundador de un movimiento católico, denunciado por un integrante de la Red y fallecido en agosto de 2025.
Otro de los casos mencionados fue el de Ariel Príncipe, un exsacerdote de la diócesis de Río Cuarto que, según expusieron, fue encontrado culpable de abuso en un proceso canónico de la Iglesia, pero no recibió una condena penal. La sanción eclesiástica consistió en quitarle el estado sacerdotal.
A partir de este antecedente, los integrantes de la organización remarcaron una de sus principales consignas: «Hay que denunciar a la Iglesia y no en la Iglesia», remarco Daniel Vera, referente en Córdoba de la organización.
Sin embargo, el caso que recibió especial atención fue el del sacerdote Alejandro Nicola, señalado por las familias denunciantes como responsable de abusos sexuales contra niñas de entre 3 y 5 años que asistían al jardín de infantes Niño Dios de Villa Carlos Paz.
Vale recordar que existen 13 denuncias, todas bajo la órbita de la fiscalía n°3 de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez. La primera presentación judicial se hizo mayo de 2025 y recién un año después, en mayo de 2026, fue apartado de la institución educativa.
Los representantes de la Red cuestionaron que Nicola continúe siendo sacerdote y que aun no haya sido imputado. También recordaron que el sacerdote había celebrado misa en la Catedral de Córdoba junto al arzobispo Ángel Rossi, situación que generó cuestionamientos públicos por parte de las familias denunciantes.
En ese contexto, criticaron las declaraciones del arzobispo, quien había señalado que al sacerdote le correspondía la presunción de inocencia. «Ni una sola palabra sobre la revictimización a las familias y a esas niñas», cuestionaron.
Para los denunciantes, el caso evidencia no solamente la continuidad de los abusos, sino también las dificultades que enfrentan las familias para obtener respuestas institucionales y judiciales.
Durante la exposición, también se hizo hincapié en las particularidades de las investigaciones por abuso sexual, especialmente cuando las víctimas son niñas, niños o adolescentes.
Los integrantes de la Red señalaron que, en este tipo de delitos, muchas veces no existen testigos y que las consecuencias emocionales y físicas forman parte de las huellas que deja la violencia sexual.
«Los elementos que son innegables son las huellas emocionales y las huellas en los cuerpos. Los sobrevivientes las llevan en su cuerpo, en su mente y en sus emociones», expresaron.
Asimismo, cuestionaron los privilegios que, según denunciaron, reciben integrantes de la Iglesia durante los procesos judiciales. Señalaron que, en los juicios acompañados por la organización, hubo representantes eclesiásticos que no estuvieron presentes y pudieron declarar mediante escritos.
Para los integrantes de la Red, estas situaciones constituyen mecanismos que profundizan las desigualdades ante la Justicia y dificultan el esclarecimiento de los hechos.
Iglesia, dictadura y memoria
La conferencia también incorporó una dimensión vinculada con la memoria histórica y la complicidad de sectores de la Iglesia con el terrorismo de Estado.
Los representantes cuestionaron que la visita papal se desarrollara en lugares atravesados por la historia de la represión ilegal y recordaron los vínculos de integrantes de la institución religiosa con la última dictadura cívico-militar.
En ese marco, mencionaron los enterramientos clandestinos y los restos de personas desaparecidas encontrados recientemente en cercanías de La Perla, en terrenos que estuvieron bajo la jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez.
También recuperaron las historias de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, secuestradas durante la dictadura y asesinadas en los llamados vuelos de la muerte, así como la desaparición de la médica psiquiatra Cecilia Giubileo, ocurrida en democracia.
Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido al sacerdote Christian Von Wernich, condenado por delitos de lesa humanidad, entre ellos siete homicidios y numerosas desapariciones. Los representantes recordaron que el religioso continúa vinculado a la Iglesia y señalaron que organismos de derechos humanos reclamaron públicamente su expulsión de la institución.
Los integrantes de la Red insistieron en que su posicionamiento no está dirigido contra las creencias religiosas ni contra la fe de las personas, sino contra los delitos sexuales y los mecanismos institucionales que permiten su continuidad.
«Nosotros no estamos contra la fe de nadie. Lo que estamos es contra el delito y contra una institución que no sanciona, que no expulsa, entonces sigue permitiendo y avalando», sintetizaron.
La organización convocó a la sociedad a revisar el acompañamiento público a la Iglesia y a prestar atención a las experiencias de quienes atravesaron abusos sexuales en ámbitos religiosos.
A través de su trabajo de difusión, acompañamiento y recepción de información, la Red busca alertar a las comunidades sobre personas denunciadas, siempre que cuentan con documentación judicial que respalde la información.
La consigna que atravesó toda la conferencia fue clara: romper el silencio, acompañar a las personas sobrevivientes y exigir que las responsabilidades por los abusos sexuales no queden limitadas a los autores directos, sino que alcancen también a las estructuras institucionales que los encubren.
