El juez Enrique Alonso Regueira, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1, hizo lugar parcialmente a una medida cautelar impulsada por organizaciones de la sociedad civil que solicitaba al Ministerio de Justicia a que se abstenga de reducir recursos humanos e infraestructura institucional de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ).
La medida se dio a conocer a fines de diciembre pasado y si bien pretendía retrotraer los despidos ocurridos el 30 de junio (lo cual no fue aceptado), sí se estableció la prohibición de nuevos despidos en esas dependencias.
Luz Barreta, coordinadora de Asuntos Legales de Fundeps (Fundación para el desarrollo de políticas sustentables), una de las organizaciones firmantes del recurso judicial, celebró la resolución y dijo que se trata de una “medida preventiva”, aunque aclaró que el proceso aún sigue en curso. “Es tan evidente el potencial riesgo de las feminidades que es necesario garantizar, por lo menos, que se eviten los despidos”, dijo en diálogo con VillaNos Radio.
La resolución destaca que si bien el Ministerio de Justicia alegó que los programas y recursos se encuentran reorganizados conforme el criterio de eficacia y eficiencia de la actual gestión de gobierno, no ha presentado constancia alguna que permita demostrar que se esté garantizando la prestación mínima obligatoria en los términos establecidos en la Ley de Protección Integral de las Mujeres, ni ha mencionado o detallado la forma en la que se está cumpliendo con las prestaciones referidas.
El Estado tampoco ha explicado en qué consiste la reorganización a la que alude ni de qué manera esa nueva estructuración permitiría cumplir el deber de garantizar los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad.
