En el marco del día internacional de la mujer trabajadora, desde la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito emprendieron acciones de información sobre lo establecido en la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo.
El objetivo es seguir difundiendo el contenido de la norma con el objetivo de amplificar su alcance y hacer efectivo su cumplimiento. “Todavía hay un enorme trabajo por delante para que todas las personas puedan conocerla y puedan acceder a este derecho. Es una ley muy nueva, que tiene poco más de un año y nos parece que esta semana y este mes en particular se pueda trabajar fuertemente en el acceso a los derechos de las mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries”, expresó a VillaNos Radio Alejandra Domínguez.
Vale recordar que la ley establece que toda mujer o persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce inclusive. Fuera de ese plazo, se puede acceder a un aborto si el embarazo fue resultado de una violación o si pone en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. En los casos de niñas menores de trece años de edad, la declaración jurada no será requerida.
La ley dispone, además, que los servicios públicos de salud, las obras sociales nacionales y provinciales y las empresas y entidades de medicina prepaga deben garantizar la cobertura integral y gratuita de la práctica. Una vez solicitada la intervención, debe efectuarse en un plazo no mayor a los 10 días corridos.
Consultada sobre el cumplimiento de la ley en Córdoba, Domínguez dijo que “ha venido creciendo el número de equipos de atención ya sea en hospital y dispensarios”.
“Se van sumando a partir de conocer más en detalle la ley y de capacitarse con algunos métodos sobre, por ejemplo, la aplicación del misoprostol o bien aprender a hacer el AMEU (aspiración manual endouterina) que es otro de los métodos para interrumpir un embarazo”, dijo y añadió que desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir también ha emprendido una serie de capacitaciones.
No obstante, reconoció que se han detectado dificultades en el acceso por parte de centros privados y obras sociales. “Todas las obras sociales tienen que cubrir la prestación”, recalcó Domínguez y enfatizó: “Si una persona acude a un centro de salud privado y allí no realizan la intervención, tienen que hacer una derivación rápidamente a otra clínica que sí la realice. Las obras sociales si están cubriendo y están obligadas a informar cuáles son los centros de salud que sí están realizando la práctica”, señaló.