La secretaría de Derechos Humanos enfrenta un panorama crítico tras el anuncio del despido de más de 1.000 trabajadorxs en el Ministerio de Justicia. El ajuste llevado adelante por el gobierno de Javier Milei desmantela áreas clave del organismo y deja en vilo la continuidad de políticas fundamentales de memoria, verdad y justicia.
En diálogo con VillaNos Radio, Pedro Lynn, secretario gremial de ATE Capital, calificó la situación como “grave” y denunció que el objetivo del gobierno es ideológico: “Quieren desmantelar el trabajo en derechos humanos que se realiza desde este organismo”. Según Lynn, los despidos alcanzan a más de 1.050 personas sólo en el Ministerio de Justicia, afectando de manera directa a la Secretaría de Derechos Humanos y a espacios de memoria emblemáticos.
Un vaciamiento que paraliza
Los despidos generan incertidumbre sobre el funcionamiento de áreas esenciales. “No es sólo achicar la planta, es dejar sin condiciones para funcionar. Están echando a especialistas que realizan trabajos fundamentales”, explicó. Además, denunció que la presencia policial en los edificios estatales agrava el clima laboral: “Mandaron a la Policía Federal con listados en mano para decidir quién puede ingresar y quién no”.
El cierre del Centro Cultural Haroldo Conti es otro de los puntos críticos. Las actividades del espacio, que funciona en el predio de la ex ESMA, están suspendidas. Aunque el Gobierno lo plantea como una “reprogramación”, Lynn advirtió: “Es evidente que buscan cerrarlo. Más de la mitad de los trabajadores están despedidos, y el resto no puede cumplir funciones”.
La situación también amenaza a los sitios de memoria reconocidos por la UNESCO, que son un pilar de la lucha por los derechos humanos en Latinoamérica. “Estos lugares trascienden la memoria nacional. Aún quedan tareas pendientes, como la búsqueda de nietos y la reconstrucción de nuestra historia reciente. El Estado tiene la responsabilidad de sostenerlos”, enfatizó el referente sindical.
Lynn vinculó estos despidos con un cambio en la matriz económica y política del país. Según explicó, el modelo que impulsa el gobierno de Javier Milei prioriza la agroexportación y reduce la presencia del Estado, un esquema similar al de la dictadura y el menemismo. “Buscan empeñar los recursos naturales del país, como los minerales y el agua. La lucha no es sólo por los puestos de trabajo, sino por la soberanía”, alertó.
Respecto a la reacción social, el dirigente destacó que la percepción ha cambiado con el tiempo: “Ya no se celebra el despido de trabajadores estatales. Sin embargo, la mayor preocupación de la gente sigue siendo la inflación y el empleo”. Según su análisis, el gobierno intenta sostener su legitimidad sobre la base de indicadores económicos, pero lo que está en juego va más allá de la economía: “Estamos defendiendo el futuro del país”.
Con más de 1.000 despidos y espacios de memoria en riesgo, la Secretaría de Derechos Humanos atraviesa una situación crítica que pone en jaque el compromiso estatal con las políticas de memoria, verdad y justicia. Las medidas generan repudio y un llamado urgente a defender los derechos humanos como un pilar de la democracia.
