El conflicto en Villa Allende por el controvertido proyecto de cerramiento de calles impulsado por el intendente Pablo Cornet (PRO) sumó un nuevo capítulo. Vecinxs autoconvocadxs decidieron denunciarlo tras las declaraciones difundidas a través de un video en redes oficiales de la Municipalidad, donde Cornet acusaba al grupo vecinal de ejercer «prácticas violentas».
La disputa comenzó a principios de año, cuando el intendente presentó una propuesta para abordar la inseguridad mediante el cierre parcial de calles céntricas. La medida fue rechazada por amplios sectores de la comunidad, quienes señalaron su carácter inconstitucional por vulnerar el derecho a la libre circulación.
En declaraciones a VillaNos Radio, el abogado y vecino Hugo Yagüe sostuvo que las afirmaciones fueron tan graves que decidieron solicitar al mandatario que presente pruebas de sus dichos. Sin embargo, ante la falta de respuesta formal del Ejecutivo y el rechazo del Concejo Deliberante a un pedido de informe, los vecinos acudieron a la Justicia. «Decidimos finalmente poner en conocimiento de un fiscal la situación para que él meritúe si existen suficientes elementos como para endilgar algún tipo de responsabilidad penal al intendente», explicó Yagüe.
Además afirmó que el propio secretario de Gobierno, Felipe Crespo, le reconoció personalmente que el accionar del intendente fue «incorrecto». «Tengo testigos que escucharon cómo el propio secretario expresó su discrepancia con el intendente», sostuvo.
El proyecto sigue avanzando
Pese a la resistencia vecinal, el proyecto de cerramiento de calles sigue su curso institucional. Recién el 7 de mayo, el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante el anteproyecto de ordenanza, que fue ingresado ese mismo día para su tratamiento legislativo.
Los vecinos convocaron a una concentración en la sede del Concejo para manifestar nuevamente su rechazo. Según Yagüe, el nuevo texto no solo mantiene el cierre de arterias públicas, sino que ahora deja en manos del Ejecutivo la determinación del horario y la duración de los cierres. «Esto es absolutamente imprudente«, denunció el abogado, señalando que «nunca vas a saber vos, más que cuando se te ocurra notificar al Ejecutivo, cuánto tiempo vas a tener cerrada tu calle».
Además, el plan se complementa con un proyecto paralelo para declarar la «emergencia en seguridad» por un año, lo que permitiría al Ejecutivo reasignar partidas presupuestarias con total discrecionalidad. «Es una locura abierta, sin ningún tipo de fundamento estadístico», subrayó Yagüe, advirtiendo que los fondos podrían salir de áreas sensibles como alumbrado, obras públicas o servicios sociales.
Resistencia pacífica ignorada
El grupo vecinal, que logró recolectar más de 3.300 firmas en contra del proyecto, expresó su frustración ante la negativa del oficialismo de abrir canales de diálogo. «Esto habla de una cerrazón absolutamente nociva para la actividad democrática», manifestó Yagüe, quien remarcó que la movilización se realizó de manera «pacífica, democrática e institucional».
El abogado también cuestionó el accionar del intendente Cornet, quien en declaraciones a un medio local habría justificado su comportamiento asegurando que estaba «enojado» en ese momento. «Nos parece que esta es la actitud de una persona que no entiende que es un intendente y no un vecino que se puede llevar por sus temperamentos», enfatizó Yagüe.
La sesión del Concejo Deliberante, donde comenzará el tratamiento del proyecto, promete ser el escenario de un nuevo capítulo de este conflicto que ha escalado más allá de las fronteras locales y que genera preocupación tanto en el plano institucional como en la convivencia ciudadana.
