(Foto: Radio Nexo) En un clima de creciente tensión social y política, el Concejo Deliberante de Villa Allende aprobó el pasado jueves 15 de mayo el proyecto impulsado por el intendente Pablo Cornet (PRO) que habilita el cerramiento de calles, en el marco de la declaración de emergencia en seguridad en la ciudad.
La propuesta, resistida por un amplio sector de la comunidad, se debatió entre la falta de información precisa, la opacidad del proceso y la denuncia de un manejo discrecional por parte del Ejecutivo.
Desde que el proyecto fue presentado por primera vez en enero de este año, generó una fuerte reacción en la comunidad. “Hubo marchas históricas en la ciudad, con muchísima participación vecinal, algo poco frecuente en Villa Allende”, destacó Karina Lombardi, comunicadora de Radio Nexo, en diálogo con VillaNos Radio.
En su última versión, aprobada en el recinto legislativo, el proyecto carece de detalles técnicos y específicos. “No dice ni cuáles van a ser las calles afectadas, ni las zonas, ni los horarios del cerramiento. En su momento se hablaba de 22 a 6 horas, pero ahora no hay ninguna precisión”, advirtió Lombardi. Además, cuestionó que “no hay ningún marco técnico ni estudio que justifique esta medida”.
Otro de los puntos más críticos es el registro de oposición, una herramienta que teóricamente permitiría a los vecinos rechazar la implementación de la medida en sus barrios. Sin embargo, ese registro aún no está activo y su modalidad también genera polémica. “Solamente podrían votar los propietarios y no los residentes o inquilinos de las zonas afectadas”, explicó Lombardi. “Eso genera una enorme desigualdad. Te ponen en otra condición: si no sos propietario, no podés expresarte”, añadió.
La ausencia de diálogo del oficialismo con los vecinos fue otro aspecto señalado. “Han pedido reuniones con el Intendente, con el Concejo Deliberante, pero no recibieron respuesta. Se negaron todas las instancias de participación, incluso se pidió una audiencia pública y fue denegada”, relató la comunicadora.
Incluso, el conflicto llegó al plano judicial. Un grupo de vecinos denunció al intendente Pablo Cornet por la difusión de un video a través de redes sociales institucionales con “tono amenazante y agresivo” hacia quienes se oponen al proyecto. También están involucrados en la denuncia la presidenta del Concejo Deliberante y el secretario de Gobierno, Felipe Crespo.
Mientras tanto, no se registran manifestaciones públicas a favor de la medida. “No hubo ninguna movilización vecinal que apoye el proyecto. Sólo se escucha alguna opinión individual, pero la mayoría con la que hemos hablado está en contra o directamente desinformada”, afirmó Lombardi.
Los reclamos también alcanzan a los aspectos operativos del proyecto. Por ejemplo, algunos vecinos temen que los cerramientos afecten zonas críticas desde el punto de vista ambiental y de seguridad. “En 2015, Villa Allende sufrió una tragedia por inundaciones y hay calles donde no se debería instalar ningún tipo de portón”, recordó Lombardi.
Además, la implementación podría generar situaciones de riesgo personal. “Una vecina decía: ‘Si me cierran ciertas calles del barrio y mi hija vuelve tarde de estudiar, tiene que desviarse por lugares más oscuros o peligrosos’. Es contradictorio: en vez de mejorar la seguridad, la complicás”, relató Lombardi.
Lo que sigue ahora es la apertura del registro de oposición, aunque con incertidumbre sobre si se votará por el proyecto completo o sólo el punto del cerramiento, lo que podría afectar la validez del conjunto de medidas aprobadas.
En ese contexto, lxs vecinxs autoconvocadxs prometen continuar la lucha. “Cada vez son más, están organizados y no van a dejar de reclamar el derecho a participar y a decidir sobre lo que pasa en sus barrios”, concluyó Lombardi.
La iniciativa del Ejecutivo local se suma al debate nacional sobre el equilibrio entre seguridad y derechos ciudadanos. Sin estadísticas claras, sin antecedentes sólidos y sin participación pública, el proyecto aprobado en Villa Allende se convierte en un caso testigo de cómo la emergencia puede habilitar decisiones controvertidas sin el debido consenso democrático.
